GUATEMALA: El Proyecto Patriota: Neoliberalismo Militarista

ALAI, América Latina en Movimiento, 2012-08-06

por Andrés Cabanas, Memorial de Guatemala, Visión crítica de la realidad. Otra Guatemala es posible.

A partir del 14 de enero de 2012 se fortalece un modelo de organización política, económica y social, fundamentado en la remilitarización/poder del Ejército, la apuesta por las inversiones extractivas y la transnacionalización de la economía, la concentración de la toma de decisiones (autoritarismo), la ideologización conservadora y el uso institucional de la violencia.

Este modelo renueva y actualiza el pacto histórico oligarquía-ejército, adecuándolo al contexto nacional e internacional. A diferencia del momento precedente (transición democrática, vigencia –formal- de Acuerdos de Paz, gobiernos civiles), el actual pacto de elites es visiblemente autoritario, tanto en el fondo como en la forma (desconoce leyes y procedimientos, apuesta por el ejercicio unipersonal del poder), se basa en la identidad y el poder militar, al apoyarse en el Ejército o sectores del mismo, y restringe en la práctica libertades y derechos. El pacto incluye a grupos criminales, cuenta con el Partido Patriota como operador político, y se apoya en la anuencia explícita o silenciosa de transnacionales y gobiernos conservadores de Europa, Centro y Sudamérica, así como de la administración estadounidense.

La renovación/reconfiguración no implica cambios radicales con la etapa anterior, sino la agudización de los rasgos autoritarios y la adaptación a las nuevas realidades económicas y políticas, especialmente:

el incremento del volumen y el poder de la economía criminal (trata de personas, narcoactividad, contrabando de armas y otros) hace que el pacto oligarquía-ejército sea, en sentido estricto, pacto capital tradicional y capital emergente criminal con sectores militares, el golpe de estado de Honduras, junio de 2009, legitima soluciones de fuerza, al margen de la ley, y el retorno del Ejército como árbitro y actor fundamental de poder político,

la derechización de los gobiernos y las sociedades europeas se convierte en soporte político fundamental del neoautoritarismo.

El modelo en desarrollo define un nuevo ciclo histórico. Anula, en primer lugar, el modelo de estado y el modelo de sociedad diseñado en los Acuerdos de Paz (los que, en cualquier caso, no lograron concretarse), al reducir por enésima ocasión las funciones y el poder del Estado, subordinar los actores sociales a los mercados y simplificar la democracia: las elites políticas y el presidente del Ejecutivo acumulan funciones y decisiones, en un marco de hiperconcentración del poder.

En segundo lugar, implica el fin de la transición democrática iniciada con la conversión de gobiernos militares a civiles y la promulgación de la Constitución de 1985: avala el retorno de militares a la gestión del poder político y el control de instancias de gobierno.

Entre la democracia militar y la dictadura civil

Este modelo tiene elementos de las dictaduras militares de los años 80 (por ejemplo, la concepción de las luchas sociales como enemigas del sistema) aunque no es el retorno exacto a este periodo. Utiliza la democracia (partidaria, electoral) al tiempo que la vacía de contenido (autoritarismo, poder militar). No es un proyecto que depende exclusivamente de Pérez Molina y el Partido Patriota: sin embargo, la identidad militar y jerárquica del actual Presidente y su partido lo hacen instrumento privilegiado para el desarrollo del proyecto, al tiempo que le confieren rasgos particulares.

Estas complejidades nos dificultan entender, nombrar y sobre todo asumir esta nueva etapa. Vivimos su ola de expansión vertiginosa, mientras nuestros referentes inmediatos continúan siendo los esfuerzos de construcción colectiva de una nueva cultura y una nueva sociedad: el sueño de la paz inacabada de 1996.

Paradójicamente, las denominaciones van por delante de las comprensiones. Boaventura de Sousa Santos habla, a nivel global, de Socio fascismo, una etapa donde determinados espacios de libertad política, sobre todo electoral, coexisten con nulas posibilidades de justicia social y económica. El Golpe de Estado en Honduras abona la caracterización de Dictaduras Civiles, surgidas de golpes militares. Álvaro Arzú conferenció en 2009 sobre los Regímenes cívico militares. En El Salvador se habla de Estados Militares y Democracias Oligárquicas (Julia Evelyn Martínez).

Desde mi punto de vista, el término Neoliberalismo Militarista define el momento actual de transformación/regresión en el país, vinculado al poder del Ejército, y continuador del pasado reciente de guerra y represión, ya que el elemento historia-memoria está muy presente en la implantación del modelo, por negación, omisión o afirmación.

No es casual en este marco de cambios que se esté hablando de una modificación constitucional: nuevas reglas para una nueva etapa (aunque el alcance de la misma depende de correlaciones de fuerza todavía variables y análisis de escenarios de riesgos y gobernabilidad). En un contexto “ideal” (desde el punto de vista de la adecuación de la Constitución al pensamiento hegemónico) la reforma constitucional inicia una fase de “constitucionalismo autoritario” (Gerardo Pisanello).

La implantación acelerada de un modelo

Desde el 14 de enero, o más estrictamente desde el triunfo de Pérez Molina y el Partido Patriota en la segunda vuelta electoral, el 6 de noviembre de 2011, el Proyecto Neoliberal Militarista se expande, a partir de la gestión del gobierno y el control del Estado, con estos ejes fundamentales:

La remilitarización y el ascenso del poder político del Ejército. Se manifiesta de forma cuantitativa y física, con el despliegue de tropas e instalaciones militares (retenes, ampliación de zonas militares, instalación de Brigadas) pero sobre todo alcanza una dimensión cualitativa, en la que el Estado se guía con lógicas y principios militares: ubicación de oficiales en puestos claves de la estructura del Estado; promoción y proliferación de servicios de inteligencia (la inteligencia como eje central de la acción de seguridad/control social); recuperación de la concepción de los movimientos sociales como enemigo interno (criminalización, ataques, instalación de zonas militares en zonas de conflicto).

En este marco, el Ejército asume funciones contrarias a la Constitución, objetadas por el proceso de paz (bajo la lógica de la desmilitarización) y reñidas con una teoría y un ordenamiento democráticos. Se propone para la institución armada un papel político fundamental: conciliador de intereses de la sociedad, a propuesta de Fernando Carrera, director de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, o recuperador de la institucionalidad y la gobernabilidad “perdidas”, según José Rubén Zamora, director de El Periódico.

La acumulación económica agresiva. Una nueva fase de expansión de empresas fortalece la reprimarización del modelo primario exportador (por tanto, la subordinación de la economía guatemalteca) en un esquema de acumulación económica agresiva (Raúl Zibechi): concesiones petroleras y mineras masivas, nueva matriz energética que da cabida a las energías renovables (eólica, solar, intereses presentes en la expansión de empresas en Barillas), ofensiva sobre el sistema bancario y el sistema de seguros, privatización del agua (o dicho de forma elegante, Gestión Integral del Recurso Hídrico), expansión de la economía criminal y coexistencia con la economía legal, otras privatizaciones, concesiones o usufructos (portuarias, carreteras).

La legislación y la institucionalidad del Estado se construyen en función de esta expansión, aún en detrimento de los derechos de las personas y colectivos (ejemplo: actualización fiscal que no ataca el régimen de exenciones y la falta de tributación), en un marco de Estado Corporación Nación (Gustavo Castro). El desarrollismo-estatismo presente en la concepción militar de los años 70 se diluye en este planteamiento: los bienes estatales y públicos son sometidos a una nueva enajenación; el “Estado Patriota” sigue siendo palanca para la acumulación.

En esta fase adquieren protagonismo las transnacionales latinas (Brasil, grupos centroamericanos pro golpistas, Colombia), así como las estructuras y formas violentas y autoritarias (alianzas con ejército, ejércitos privados y grupos de sicarios).

Presidencialismo centralista-autoritarismo político. La concentración y no delegación de la toma de decisiones, incluso las enmarcadas en el círculo directo de poder del Patriota (Ministerios), y el control de la institucionalidad del Estado, configuran un régimen político de corte unipersonal y dictatorial.

El gobierno se ejerce con irrespeto de leyes y estado de derecho, por ejemplo en el nombramiento de funcionarios bajo sospecha (Ministerio de Salud) o eludiendo los procedimientos de designación (Secretaria Presidencial de la Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena). Cada vez de forma más abierta, se justifican las actitudes antidemocráticas: la secretividad, la discrecionalidad, los nombramientos autoritarios, las decisiones en ausencia de ley.

La sobre presencia del Presidente (que ejerce eventualmente de Ministro, Alcalde, Contralor, Fiscal, Juez y Vocero Presidencial, o sea vocero de si mismo) se enmarca en esta lógica: esta sobre presencia es rasgo de personalidad, herencia militar y estrategia de publicidad, pero sobre todo fundamenta el proyecto político personalista-autoritario.

Ideologización conservadora. Por múltiples medios se difunde una imagen complaciente y acrítica del actual gobierno. Se legitiman por los mismos medios los rasgos autoritarios del proyecto: cuando presenta decisiones autoritarias y al margen de la ley como acciones de carácter y recuperadoras de la institucionalidad.

La ideologización construye símbolos o los destruye (retirada de la bandera maya) y pretende una rescritura de la historia reciente del país, al negar el genocidio y convertir a las víctimas en victimarios (demandas contra líderes sociales promovidas por militares y civiles ultraconservadores).

El uso del lenguaje fortalece esta ideologización: la repetición machacona de conceptos como liderazgo, emprendimiento, ordenar (que sustituye peligrosa y progresivamente al concepto de gobernar), empresarialidad, positivismo, mano dura… Todos estos conceptos se asocian o crean imaginarios individualistas y autoritarios.

La violencia Institucional. El Estado se organiza a parir del uso de la violencia, teniendo en cuenta dos principios complementarios:

El modelo de acumulación económica y exclusión política no se sostiene sin violencia.
El modelo de acumulación no se sostiene exclusivamente con violencia.

Así, se justifican las criminalización creciente de luchas sociales, el discurso estigmatizador (narcotraficantes, criminales), las capturas, las amenazas y persecuciones, mientras se desarrollan estrategias y mesas de diálogo. La dinámica concatenada de tensión y acercamiento con las luchas sociales (con mayor énfasis en una u otra según el contexto, y con tendencia a la agudización de las líneas de tensión) convierte a la guerra en la continuación de la política (Clausewitz) o la política en continuación de la guerra (general Gramajo).

Barillas: esquema para armar un Estado

En un territorio reducido y en el marco de un conflicto en apariencia menor (interés de una pequeña empresa frente a una comunidad) se desarrollaron durante 21 días de mayo todos los elementos definidos antes: concentración de toma de decisiones (y anulación de actores civiles y políticos), incremento de la presencia del ejército, Estado corporación, persecución, captura y criminalización de luchas sociales, desaparición de garantías de derechos, soluciones de fuerza para problemas políticos, presencia activa de trasnacionales, con influencia sobre el sistema político, judicial y legislativo.

Se producen coincidencias ideológicas entre actores (conservadurismo, afinidades partidarias), en un contexto internacional favorable, y coincidencias de intereses económicos: los inmediatos de expansión de una empresa transnacional con los estratégicos de acumulación capitalista, vinculados hoy a modelos políticos de corte autoritario y neo dictatorial.

La empresa, incapaz de expandirse por otra vía que no es la de la fuerza, con la urgencia de iniciar la producción para recuperar inversiones, se apoya en el gobierno, al que reiteradamente solicita apoyo. El gobierno visualiza en Barillas la posibilidad de fortalecimiento de su proyecto, a partir de una medida fuerte y un mensaje político claro en los primeros meses de gestión. En este sentido, el Estado de Sitio no es medida extemporánea, aislada, sino una propuesta institucional para un determinado modelo económico y político: un golpe de estado a nivel municipal que pretende normalizar gobiernos autoritarios.

El desgaste acelerado de un proyecto

El proyecto neoliberal militar avanza en seis meses de gobierno, en una lógica de implantación apresurada. Sin embargo, y de forma complementaria, se produce el rápido desgaste de este proyecto, al menos en cuanto al papel del Partido Patriota y el gobierno de Pérez Molina. Este desgaste se simboliza en el agotamiento prematuro de los tres grandes pactos o ejes de la gestión del gobierno, definidos en el discurso de toma de posesión del 14 de enero y reafirmados de forma literal en el foro que analizó los seis meses de gestión: Pacto Fiscal, Pacto Hambre Cero y Pacto por la Seguridad y la Justicia. Estos tres grandes pactos presentan deficiencias en la implantación, vacíos y limitaciones estructurales, que erosionan la credibilidad y el margen de maniobra del Ejecutivo.

El Pacto Fiscal es sustituido por la Actualización fiscal, que desconoce los contenidos promovidos en los Acuerdos de Paz: no obliga a pagar más a los que más tienen (empresas transnacionales); no elimina exenciones a las empresas, y se fundamenta en regalías voluntarias, sobre las que no existe control. A partir de la actualización fiscal, el gobierno tendrá limitaciones para cumplir con las metas de recaudación tributaria y para garantizar al Estado ingresos mínimos que permitan siquiera cumplir los compromisos de campaña del Partido Patriota.

El Pacto Hambre Cero es, en su literalidad, un pacto para reducir la desnutrición crónica diez puntos porcentuales en cuatro años de gobierno. No aborda las injusticias económicas, ni siquiera aborda o pretende lo que su nombre indica: eliminar el hambre. El Pacto está anulado por su contrapeso: la apuesta por el neoextractivismo y la economía exportadora (frente a la necesidad de producir para el consumo) que genera nuevas exclusiones, pobreza y más hambre.

El Pacto por la seguridad y la justicia se mediatiza por la remilitarización, concebida con carácter permanente, estructural y debilitador de poderes civiles. La remilitarización es estratégica y no temporal; carece de protocolos, al trascender la legalidad y la legitimidad (paradigmático el caso de las Fuerzas de Tarea, sin objetivos, reglamentos, instancias de control claras y conocidas) y subordina los poderes civiles, tanto en la seguridad estrictamente (Policía Nacional Civil) como en el ordenamiento político. Contradice, en este sentido, las tres condiciones expuestas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su visita a Guatemala, en marzo pasado.

El proyecto acumula otras debilidades internas: desconfianzas históricas entre oligarquías y ejército, emergencia de nuevos actores, vinculados eventualmente al poder militar y al Partido Patriota, competencias económicas entre actores (incluso entre aquellos identificados como aliados), que derivarán en nuevos pactos y rupturas, incluso violentas. La fortaleza del modelo, las alianzas de actores de poder, es su gran debilidad, por la naturaleza competitiva y excluyente de estas alianzas.

Estas debilidades, aunadas a la agresividad de la implantación del modelo neoliberal militarista, configuran un escenario de inestabilidad. Un gobierno autoritario y violento, que es al mismo tiempo un gobierno frágil, puede recurrir al incremento de la violencia (física e institucional) para mantenerse: nuevos estados de sitio y excepción, persecución a líderes (capturas y encarcelamientos), asesinatos de líderes.

El riesgo estratégico es que este gobierno violento modifique por la fuerza el sistema político actual (disolución del congreso, mayor restricción de libertades y derechos, prohibición legal de los derechos de manifestación, protesta, reunión.) para consolidar el proyecto económico y político.

El poder político y social de las comunidades y pueblos en resistencia

La construcción de este modelo no se desarrolla sin tensiones y oposición social. El punto de partida es el reconocimiento del estado de las luchas sociales: sin caer en el derrotismo (el síndrome de la desesperanza social aprendida, Julia Evelyn Martínez); sin minusvalorar las luchas sociales y la capacidad de movilización y transformación; sin sobredimensionar la correlación de fuerzas (pensar que los movimientos sociales disputan el Poder en condiciones ventajosas).

En desventaja y en obvia minoría, se percibe hoy un acumulado de luchas y respuestas sociales, que indican avances cualitativos de los movimientos: construcción de propuestas y nuevos proyectos (con aportes sobre todo de la cosmovisión y el feminismo); emergencia de nuevos actores y formas de lucha; ampliación de las agendas, progresivamente transformadoras y refundadoras; desarrollo de luchas cada vez más profundas, en los márgenes del sistema (Raúl Zibechi). La constitución de la comunidad y las luchas territoriales como centro de las movilizaciones constituye el salto cualitativo más importante, al ampliar tanto demandas como actores y sujetos participantes.

Si las consultas comunitarias, las luchas por la defensa del territorio, el paradigma de refundación del Estado, la propuesta “de la resistencia al poder”, la construcción de la política a partir de la defensa del territorio cuerpo tierra (aporte del feminismo comunitario) se ubican como puntos de inflexión históricos (después de la firma de los Acuerdos de Paz), la Marcha Indígena Campesina de marzo y la resistencia al Estado de Sitio en Barillas, en mayo, constituyen puntos de inflexión recientes, fortalezas que necesitan ser expandidas. Entre otras:

Demostración de fuerza de actores sociales descontentos y con nuevas propuestas de organización: grito de indignación en un momento en el que los medios de comunicación difunden la idea de una homogeneidad pro patriota y pro gobierno.

Cuestionamiento radical a una institucionalidad, un Estado y un gobierno que plantean desde la firma de la paz un esquema de diálogo permanente sin acuerdos, concebido como mecanismo distractor, debilitador y otorgador de prebendas, sin discusión de problemas estructurales.

Replanteamiento de las estrategias de negociación-incidencia-movilización de las organizaciones sociales.

Legitimación de luchas frente a la criminalización creciente.

Visibilización de nuevos sujetos: comunidades, territorios y pueblos como ejes y centros de luchas, por encima de los aglutinamientos urbanos y a partir de organizaciones.

El aprendizaje fundamental tiene que ver, en primer lugar, con el valor multiplicador de la articulación de luchas, alrededor de planteamientos legítimos comunitarios. En segundo lugar, con la potencialidad de las articulaciones sociales amplias, concebidas sin rigidez, de forma no vertical ni preestructurada, alejadas del vanguardismo y las formas tradicionales de respuesta social: la autoconvocatoria y la conducción sin un referente centralizado (plurireferencialidad) reflejan nuevas dinámicas organizativas.

Sin embargo, se mantiene la fragmentación, tematización y desarticulación de luchas; las divisiones y enfrentamientos entre líderes y movimientos; la desconexión táctica-estrategia, urbano-rural, liderazgos-población; las fragmentaciones éticas: distancias crecientes entre acciones y convicciones, incoherencia entre hechos y discursos; la incapacidad de asumir, como agenda estratégica de los movimientos sociales, las demandas primarias de la población: hambre, justicia…

Los retos son mayúsculos, de tipo organizativo, de construcción de propuestas, de superación de viejas formas de lucha:

Analizar y conocer en profundidad el actual proyecto de dominación, sin esquematismos (poder de la economía criminal, nuevos actores). Con ello, definir nuevas estrategias para esta nueva fase de lucha: ¿cuáles son las estrategias adecuadas para un horizonte posdemocrático?.

Consolidar lógicas de poder comunitarias, territoriales, desde abajo (movimientos más que organizaciones y partidos).

Sostener procesos continuos y masivos de movilización política y social (no solo marchas, bloqueos, sino movilización de recursos, acciones, pensamientos y proyectos que combinen todas las formas de lucha).

Cambiar marcos y referentes de lucha (desarrollo sostenible, participación ciudadana) y aprender a nombrar de nuevo las luchas.

Abandonar prácticas sectarias y desarticuladas, que favorecen el actual sistema de acumulación y poder. Entender que todos los movimientos aportan desde su identidad y especificidades a una lucha común: diversidad sin dispersión, unidad sin unicidad (Isabel Rauber).

Revisar coherencia y valores, recuperando la enseñanza del movimiento revolucionario (vencer o morir) y el movimiento feminista (lo privado es político) como ejemplos de radicalidad ética entre principios y prácticas.

Desarrollar luchas ideológico-simbólicas que deslegitimen el modelo militar neoliberal. Información, formación, análisis, ideologización, formación con proyecto político transformador/emancipador.

Profundizar debates: construir poder-tomar poder; relación partidos-movimientos sociales (que incluye la relación entre las organizaciones históricas y los movimientos); el debate sobre el Estado (más allá de las instituciones) y el debate aplazado sobre el Poder (que implica la reideologización de las luchas sociales).

El gran reto, el más complicado de ejecutar y el más obvio de formular es el siguiente: Guatemala solamente puede transformarse a partir de la práctica de muchos sectores, personas, pensamientos, demandas. La construcción de un proyecto colectivo que parte de sujetos y luchas diversas y plurales, y se fundamenta en la colectividad por encima del individualismo; la cultura (memoria, identidad, ideología) en vez del tecnicismo; el buen vivir frente al mal desarrollo; la esperanza sobre la resignación; los derechos por encima de las razones del mercado; la paz antes que la seguridad militarizada.

Nota: el presente ensayo ha sido elaborado a partir de talleres y ponencias realizadas con movimientos sociales, entre otros: Cedfog Huehuetenango, Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, ASECSA, Congcoop, Sector de Mujeres, Ceiba, CUC, Asociación Maya Uk´u´x b´e, Asociación feminista la Cuerda, Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Marcha Indígena y Campesina.

 

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