Forum en Línea 247: México sale mal librado ante la ONU – Justicia denegada para las mujeres – DF, “foco rojo” en trata de personas – Amenazan a torturada sexual en Atenco

FUENTE: Forum en Línea

México sale mal librado ante la ONU, por Lucía Lagunes Huerta / CIMAC

Nueva York, NY. El Estado mexicano recibió una tunda del Comité de la CEDAW, al no informar claramente sobre sus acciones contra la discriminación de género.

Al comparecer ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la delegación del Estado mexicano fue duramente cuestionada por las constantes violaciones a los derechos humanos de las mujeres en nuestro país.

Lo anterior ocurrió durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la CEDAW, en Nueva York, para evaluar el cumplimiento de la Convención aprobada en 1979 por la ONU, y ratificada por México en 1981.

Las expertas que integran el comité demandaron respuestas puntuales a la representación mexicana sobre sus acciones para prevenir y castigar la trata de personas y la violencia de género, abatir la impunidad, y garantizar el derecho al aborto legal, entre otros temas.

Dubravka Šimonovi criticó a las y los funcionarios por sólo enumerar leyes aprobadas a favor de las mujeres: “¿Cuál es la reducción de la violencia contra las mujeres para pensar que se ha garantizado que vivan seguras? ¿Cuál es el objetivo trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos hay para decir que se ha logrado el objetivo?”

La francesa Nicole Ameline arremetió contra la jefa alterna de la delegación mexicana, la directora del Inmujeres, Rocío García Gaytán: “¿No es acaso justo hacer de la violencia contra las mujeres una causa de prioridad nacional? Usted ha reconocido la violencia e impunidad que viven las mujeres y que llega a niveles insostenibles. ¿Tienen en cuenta esta urgencia? ¿Tienen como prioridad acelerar la coordinación?”

La también experta Soledad Murillo manifestó su indignación por la impunidad en las violaciones sexuales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

“¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron violadas en el traslado realizado por la policía, aún no haya un solo detenido?”, inquirió previo a que la delegación mexicana informara al comité que ya había dos personas arrestadas por los hechos.

El anuncio fue calificado por organizaciones de los derechos humanos como una “simulación” del Estado mexicano, y criticaron que no se avisara de esas aprehensiones a las sobrevivientes de tortura sexual y a sus familias.

Murillo cuestionó la incongruencia del Estado al tener una fiscalía para investigar la trata de personas, pero sin facultades contra el crimen organizado. Pidió que se le explicara cómo a un tratante se le aplican sólo cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 años de cárcel.

Entre las respuestas ambiguas de la delegación oficial, la responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Dylcia García, dijo que hay “acciones de impacto” para enfrentar la violencia contra las  mexicanas, y se limitó a presumir los bancos de datos de mujeres desaparecidas y la aplicación de protocolos y alertas contra ese delito.

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, sólo enlistaron leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de sus dependencias.

Panorama desolador
En un hecho histórico, 113 organizaciones civiles presentaron 18 informes alternos al reporte oficial entregado por México a la instancia de la ONU, para demostrar el incumplimiento de 20 recomendaciones emitidas por las expertas desde 2006.

Los grupos ciudadanos acusaron el aumento de la discriminación y violencia contra las mujeres debido al combate de la delincuencia organizada y la militarización.

Criticaron que en las cuatro ocasiones que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobierno federal se negó a otorgarla. Sobre el feminicidio, advirtieron que entre 2007 y 2009 se incrementó 68 por ciento en todo el país y continúa impune.

En derechos reproductivos, calificaron como “alarmantes” los altos índices de muerte materna, en especial entre las indígenas que no tienen fácil acceso a los centros de salud.

Respecto al aborto, las activistas observaron que aunque la interrupción del embarazo por violación es legal, su acceso es casi nulo sobre todo en 17 estados que reformaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”.

A Rocío García Gaytán no le quedó más que reconocer que en México privan la desigualdad y la discriminación de género. Pero se defendió: “Nunca habíamos avanzado tanto en derechos humanos de las mujeres gracias a la alianza con los tres poderes, los tres niveles de gobierno, y el apoyo de la mayoría de la sociedad civil”.

CEDAW, mecanismo jurídico y pilar del sistema, por Gladis Torres Ruiz / CIMAC  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es uno de los mecanismos jurídicos más importantes en la lucha contra la discriminación de género.

La Convención, adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es uno de los seis instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes para los estados miembros, que conforman la llamada Carta Universal de Derechos Humanos, y constituyen la estructura jurídica del sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos.

La CEDAW detalla en qué consiste la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados miembros se comprometen a consumarla a través de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

México firmó la convención el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981; con ello se comprometió a nivel internacional y nacional a cumplir con las obligaciones que especifica.

Aída González, abogada mexicana exintegrante del Comité de la CEDAW, señala que la aplicación de la convención está sujeta al análisis internacional, es decir, no le corresponde sólo al estado miembro decidir si ha cumplido o no con esas obligaciones.

En los artículos 17 al 20 de la convención se establece el sistema de control y supervisión sobre su aplicación. El artículo 17 indica la creación de un comité integrado por 23 personas elegidas por la Conferencia de Estados miembros cada dos años.

González explica que no se trata de representantes de los gobiernos, sino de personas expertas y conocedoras de la convención, en particular sobre las condiciones de las mujeres.

Una función primordial del comité es supervisar la debida aplicación de la CEDAW y los progresos que los estados firmantes logren en ese propósito.

El artículo 18 de la CEDAW indica que los estados deben presentar al secretario general de la ONU informes iniciales y periódicos sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole que hubieran adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la convención y sobre los progresos que hubieran alcanzado para tal fin. Tales logros serán examinados por el Comité de Expertas.

Según información de la Cátedra UNESCO de la UNAM, el Estado mexicano tiene la obligación de presentar informes periódicos cada cuatro años.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar informes “sombra” para contrapuntear el reporte del Estado mexicano.

Desde que ratificó la CEDAW, México ha entregado ocho informes. Apenas en septiembre de 2010 se presentaron los reportes 7 y 8.

La delegación oficial presentó los argumentos de esos informes en la 52 sesión del Comité de la CEDAW en la sede de la ONU, el pasado 17 de julio. De esa sesión saldrán nuevas recomendaciones al Estado mexicano, que se darán a conocer próximamente.

En la sesión del Comité de la CEDAW, 113 organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron 18 informes “sombra” o alternos.

Entre las expertas que analizaron los informes oficial y ciudadano, y que cuestionaron a la delegación mexicana sobre la situación de las mujeres, están Zou Xiaoqiao, directora de la Federación de Mujeres Chinas, y Zohra Rasekh, líder de Asuntos de la Mujer de la Oficina de Derechos Humanos Internacionales en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Afganistán.

También participaron Silvia Pimentel, jurista brasileña, profesora de la Universidad Pontificia de Sao Paulo, y activista histórica del movimiento feminista; así como la española Soledad Murillo de la Vega, investigadora y profesora de Sociología e Investigación Cualitativa en la Universidad de Salamanca. De Cuba, estuvo Magalys Arocha Domínguez, feminista y asesora de organizaciones civiles y de agencias de la ONU.

Justicia denegada para las mujeres, por Sara Lovera / Semlac

Entre 2006 y 2011, los años de la administración federal que terminará en diciembre próximo, la violencia contra las mujeres, en todas sus modalidades, creció exponencialmente, sin que leyes, jueces, normas, sociedad o instituciones fueran capaces de detenerla, al punto que sólo en violencia familiar o conyugal hay 18 millones de mexicanas sin justicia.

Lo más grave es la situación de las mujeres privadas de su libertad; la ausencia de armonización entre leyes muy amplias y poco aplicables; disposiciones para prevención que no funcionan, como la Alerta de Violencia de Género, y fondos de hasta más de un millón de dólares sin utilizar. Mientras, la injusticia crece para ellas.

La Encuesta de prevalencia de la violencia contra las mujeres (Endireh 2011) reporta millones de víctimas de algún tipo de violencia en sus hogares. El 42 por ciento de ellas tienen entre 15 y 49 años o más. Aproximadamente 4,000 están desaparecidas y apenas entre 2.5 y 3 por ciento de los casos llega a procesos judiciales.

El mencionado sondeo, elaborado por la organización civil Equis Justicia para las Mujeres, establece que ni los nuevos modelos de justicia acusatoria, las leyes nacional y locales de acceso a una vida sin violencia, los programas locales y nacionales, ni una abultada inversión económica para éstos han conseguido disminuir la situación.

Irma Saucedo, investigadora de El Colegio de México y experimentada capacitadora de funcionarios, policías y población en general, define esta situación como “perversa” y que afecta la democracia, la estabilidad emocional de millones de mujeres y conspira contra la vida de la mitad de la población.
Agrega que se trata de un problema de salud pública que según el Banco Mundial cobra 150 días saludables cada año a la población que la padece y tiene efectos en la productividad, la estabilidad familiar, el goce de sus derechos y certifica la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

A juicio de la diputada Enoé Uranga, ello muestra una situación de mentira y falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades que alegremente hablan de progreso de la condición femenina.

La Encuesta, realizada en 2003, 2006 y 2011, refiere una peligrosa y absurda espiral continua y lacerante. El estudio de Equis sostiene que se ha podido establecer la carencia de interés o justicia para las mujeres que sufren violencia no sólo en sus hogares.

Indígenas privadas de su libertad
La investigación informa que el problema de las mujeres privadas de su libertad no está incorporado a la agenda de derechos, ni es mencionado en los informes que el Estado mexicano prepara para los organismos internacionales, ni aparece en las estadísticas de la violencia de género. Según la Secretaría de Seguridad Pública, aproximadamente 5 por ciento de la población penitenciaria está constituida por mujeres. Sin embargo, de las 455 cárceles en México, 13, es decir el 2.8 por ciento, son exclusivamente femeniles y el resto, mixtas.

De 91 reclusorios examinados, 22 por ciento asignan dormitorios para las mujeres en los mismos sitios que ocupan los hombres. En esos reclusorios hay un alto hacinamiento que afecta de manera directa a las mujeres. Pero lo más preocupante es que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha detectado que el uso excesivo de la prisión preventiva. Eso significa que los expedientes no se mueven, no hay investigación ni juicios a tiempo.
Según la encuesta 2011, hay 10,623 mujeres privadas de su libertad en 266 instituciones penitenciarias analizadas. Otros estudios realizados en 21 de las 32 entidades del país, refieren que el 67 por ciento de las 7,301 mujeres recluidas, son jóvenes de 18 a 37 años, madres y muchas jefas de hogar. De ellas, 27 por ciento presenta algún tipo de adicción antidepresiva pero no cuenta con atención psicológica especializada, y 16 por ciento pertenece a lo que las autoridades denominan vulnerables, refiriéndose a indígenas o  campesinas, captadas para transportar drogas.

El International Center for Prision Studies sostiene que 22 por ciento de los centros penitenciarios no tienen servicios de ginecología y obstetricia y llama la atención sobre la falta absoluta de información de la situación procesal de estas mujeres privadas de libertad.

La opacidad es también una forma de injusticia, porque el sistema no dispone o no publica datos relativos al número de mujeres procesadas, ni muestra información sobre la duración de la prisión preventiva. Es imposible saber cuántos años viven en esta situación absolutamente contraria a los derechos humanos.

Desde 2006, el Comité por los Derechos de los Niños recomendó a México buscar y poner en práctica alternativas a la detención preventiva y otras formas de detención, a fin de garantizar que la privación de la libertad se aplique efectivamente como medida de último recurso por el período más corto posible.

La doctora Elena Azaola ha mostrado, en diversos estudios e investigaciones, que muchas mujeres indígenas y campesinas fueron engañadas y enroladas en el crimen organizado, a veces sin poder siquiera hablar la lengua española, lo que dificulta los procesos y el ejercicio de la justicia.

Ley sin dientes
Entre 2007 y 2010 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, y similares en prácticamente todo el país. También se fortalecieron los códigos penales, pero no es posible una mejor justicia debido a contradicciones entre los códigos penales y estas leyes. Además, esas legislaciones consideradas en su momento como un “gran avance” son tan amplias en cuanto a las definiciones de violencia que carecen de mecanismos de exigibilidad; por el contrario, las normas penales contienen definiciones muy limitadas y son inoperantes, sostiene Equis en su pormenorizado informe entregado al comité de la CEDAW, que sesiona en las Naciones Unidas.

De 240 sentencias analizadas en 15 tribunales superiores de justicia, sólo cuatro mencionan a las Leyes de Acceso (1.66 por ciento), lo que habla de un evidente divorcio y una distancia fenomenal, que impide actuar. Esta falta de vinculación contribuye muy poco al acceso de las mujeres a la justicia, tienen demasiadas palabras y pocas salidas judiciales, dice el estudio, y su impacto está reducido al establecimiento o mandato de establecer refugios, unidades de atención especializada y sistemas de prevención. La ley fue hecha a imagen y semejanza de la legislación española, con realidades muy distintas.

Lo más grave es que esa ley prevé la Alerta de Violencia de Género, un novedoso procedimiento contra la violencia feminicida, como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia en un territorio determinado pero al solicitarla, en la mayoría de los casos, ha sido denegada, incluso por los Institutos de las Mujeres, debido a que no es entendida cabalmente.

De 2006 a 2011 se han hecho sólo tres solicitudes, todas denegadas, entre otros motivos por la inconsistencia de la ley y su reglamento. No existen hasta hoy reglas de operación para emitir la declaratoria de la Alerta, pese a que de 2008 a 2011 se otorgaron 19 millones de pesos (más de un millón de dólares) para el Fondo Nacional para la Declaración de la Alerta, de los cuales se ha ejercido 1 millón 300 mil pesos (aproximadamente 100,000 dólares). A esto el informe y las mujeres consultadas llaman “un escándalo”, mientras no existen recursos en las agencias especializadas para médicos legistas, investigación o persecución de los delitos.

Mientras, la espiral de violencia contra las mujeres sigue en aumento.

DF, “foco rojo” en trata de personas, por Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC

El Distrito Federal está rezagado en la detección de casos de trata de personas y en la atención a las víctimas de este delito, quienes aún son criminalizadas por la falta de capacitación de los servidores públicos.

Alicia Mesa Bribiesca, representante en México del Observatorio Latinoamericano contra la Trata, indicó que lo hecho en la capital del país contra este delito “no es significativo, ni puede interpretarse como parte de un avance sustancial”.

El DF es considerado como una de las entidades federativas del país donde más se comete trata de personas, y también como un lugar de contacto desde donde las víctimas son llevadas a otros estados. Por ello la ciudad de México es considerada un “foco rojo”, junto con Guerrero y Quintana Roo.

A pesar de la gravedad del problema, en 2010 sólo se emitieron tres sentencias condenatorias por este delito, y en 2011 el número creció a 24 sentencias condenatorias y 25 absolutorias, según información oficial.

Hasta ahora no hay un registro confiable de los casos de trata que ocurren en esta urbe, ya que los datos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), y de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, se contradicen, advirtió Mesa.

Esa situación –afirmó– pone en evidencia que “no hay un esfuerzo sistemático por parte de las autoridades para registrar el delito, y se aprecia falta de coordinación entre las instituciones para generar bases de datos confiables”.

Durante la presentación del segundo informe Respeto de los derechos humanos en trata de personas con fines de explotación sexual en el DF, la especialista mencionó que la estrategia debe trascender los operativos policiacos y redoblar esfuerzos en capacitación de los servidores públicos.

En su turno, Luis González Placencia, presidente de la capitalina Comisión de Derechos Humanos (CDHDF), mencionó que la capacitación para los servidores públicos debe ir “más allá de conocer conceptos, deben tener claridad y valor de hacer lo que les corresponde”.

El ombudsman local recordó que la CDHDF ha emitido tres recomendaciones en relación al delito de trata. La primera fue dirigida a la delegación Cuauhtémoc por “la numerosa presencia de personas en prostitución”; la segunda ante el TSJDF y la subsecretaría del Sistema Penitenciario por la trata de internas en prisiones capitalinas, y a finales de 2011 dirigió una segunda recomendación a la delegación Cuauhtémoc por el mismo problema, a las cuales –dijo– da seguimiento.

Atención a víctimas
La delegación Cuauhtémoc es considerada un “foco rojo” en la explotación sexual de niñas y mujeres. Las zonas de Buenavista y Sullivan son conocidas como lugares donde se comete el delito, pero hay también sitios como las centrales de autobuses donde las jóvenes son enganchadas por los tratantes.

Alicia Mesa dijo a Cimacnoticias que cuando las mujeres víctimas de este delito son “rescatadas” mediante operativos policiacos, son trasladadas a los ministerios públicos, donde el personal “las confronta y son criminalizadas”.

Una vez que llevan a cabo el proceso judicial, las instituciones no les ofrecen un lugar seguro donde permanecer, muchas veces con sus hijas e hijos, hasta que estén completamente recuperadas y puedan reintegrase socialmente.

Ante estos vacíos legales e institucionales, la especialista refirió que se requiere un modelo integral de atención a las víctimas de trata, que no se base sólo en la persecución de los delincuentes sino que atienda adecuadamente a las mujeres, niñas y niños que sufren ese tipo de explotación.

Amenazan a torturada sexual en Atenco, por Anayeli García Martínez / CIMAC
* Le dicen a Valentina Palma que la pueden violar y desaparecer

 A unas horas de que las autoridades mexiquenses informaran que detuvieron a dos policías responsables de la tortura sexual ejercida en Atenco en 2006, Valentina Palma Novoa, una de las 47 mujeres víctimas, denunció haber recibido amenazas en su contra.

Hace seis años Valentina era una joven de 30 años antropóloga de profesión, estudiaba la carrera de realización cinematográfica en México; su instinto en antropología la hizo acudir a San Salvador Atenco para documentar los operativos, sin embargo terminó siendo una víctima más.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó el 19 de julio que el pasado día 2 Valentina, quien radica en Chile –su país natal–, recibió un correo electrónico con amenazas.

En el mensaje se hace referencia a los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, estado de México, donde 49 mujeres fueron detenidas y 26 violadas sexualmente por agentes estatales y federales.

De acuerdo con la información difundida por el Centro Prodh, la amenaza detalla lo ocurrido el día en que la policía, de forma arbitraria y violenta, detuvo y golpeó con brutalidad a Valentina, a quien le dicen que “si quieren la pueden violar y desaparecer”.

Tras los hechos de Atenco, las autoridades mexicanas la deportaron junto con las españolas María Sostres Torrida y Cristina Valls Fernández, y la alemana Samantha Dietmar, quienes tampoco consiguieron justicia desde sus países.

Amenazas
Si el agresor de Valentina cree que pudo intimidarla, sus compañeras de lucha afirman que no es así. “Si tocan a una nos tocan a todas”, declaró Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual en Atenco y una de las 11 denunciantes de los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No es extraño que se infunda miedo a una de las mujeres que se encuentra alejada del resto de las compañeras –explicó Italia–, Valentina no es una de las denunciantes ante la CIDH, no tiene una organización que la acompañe, ni está en México, aclaró.

Italia afirmó que aunque este panorama podría parecer desolador para la joven chilena, el resto de las mujeres se han solidarizado con ella pues, sostuvo, al atacar a una atacan a todo el colectivo que desde hace seis años exigió justicia ante el abuso de poder del Estado.

Ésta es la primera vez que se presenta una agresión de tal naturaleza, por lo que Italia no descartó una clara intención de infundir miedo en un momento clave donde Atenco vuelve a estar bajo los reflectores.

“No es una amenaza casual, es pensada, es perversa”, argumentó Clemencia Correa, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), experta en derechos humanos y perita ante el sistema interamericano de justicia.

A decir de Correa, estas amenazas van dirigidas no sólo a Valentina sino también a quienes han denunciado. La experta consideró que el único fin es callar a las mujeres que acudieron ante la Organización de las Naciones Unidas y la CIDH en pleno proceso electoral.

Detenciones
Amnistía Internacional y el Centro Prodh condenaron este acto de hostigamiento y criticaron que luego de que se presentó la intimidación, las autoridades mexiquenses informaron ante la ONU que las investigaciones del caso ya concluyeron.

El martes 17, durante la evaluación en Nueva York al Estado mexicano en torno al cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la delegación oficial dijo que a seis años de distancia, ya había avances en el caso Atenco.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, Joel Alfonso Sierra Palacios, sostuvo que en febrero pasado concluyó la investigación y que había tres órdenes de aprehensión.

José Rosario Marroquí, director del Centro Prodh, criticó que información de esa relevancia se diera a conocer en Estados Unidos ante el Comité de expertas de la CEDAW, y no en México frente a las denunciantes y sus representantes legales.

El miércoles 18, un día después de dar la información a la ONU, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal informó que el pasado 17 de julio se giraron tres órdenes de aprehensión, y que ese mismo día se buscó, localizó y detuvo a dos personas.

Los presuntos responsables de tortura sexual son Eduardo Vite Mendoza, Ricardo Consuelo Cruz y Luis Cristóbal Sánchez Álvarez, este último fallecido el año pasado, según informaron las autoridades mexiquenses.

Sin justicia
La noticia de los dos detenidos no significa justicia, advirtió Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh, quien refirió que la averiguación previa implica a 29 policías estatales, pero sólo se giró orden de aprehensión contra tres.

En el operativo avalado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto y el presidente Vicente Fox, también participaron policías federales, recordó la defensora al señalar que no hay ningún elemento federal consignado.

Según las organizaciones civiles, Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal, fueron los responsables de la actuación policiaca.

A decir de Olivos, aún falta saber qué pasará con los otros 26 policías estatales y los elementos federales que no fueron responsabilizados, ya que la Procuraduría mexiquense argumentó ser incompetente para investigar casos que implicaban a funcionarios federales.

“Las detenciones no las celebramos”, dijo Olivos Portugal al aseverar que éste es un engaño más del Estado mexicano –posiblemente– para retrasar el análisis de la denuncia presentada por 11 mujeres ante la CIDH en abril de 2008 y aceptada en noviembre de 2011.

Amnistía Internacional, el Centro Prodh y las sobrevivientes de tortura sexual coincidieron en que las amenazas contra Valentina y la noticia sobre los dos detenidos –en medio de las denuncias internacionales– son muestra del uso político de la impartición de justicia.

Hicieron responsable al Estado mexicano de la integridad de Valentina y el resto de las mujeres denunciantes ante organismos internacionales, porque aseguraron que en este momento la integridad y seguridad de todas está en peligro.

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