Río+20: ¿El primer NO acuerdo… ?

 Informe de Minoría en Río de Janeiro
Apuntes desde Cumbre de Parlamentarios del Mundo

por Virgilio Hernández E.
Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador, ex Asambleísta Constituyente y Vicepresidente por Ecuador del Parlamento Latinoamericano, Parlatino. 

En el lenguaje parlamentario ecuatoriano se utiliza la expresión “Informe de Minoría” para referirse a los desacuerdos profundos que se presentan en el debate de un determinado tema y que impiden una votación o resolución unánime. Bien podríamos utilizar dicha frase para sintetizar lo que ha ocurrido en la denominada “Cumbre Mundial de Legisladores”, reunida en la ciudad de Río de Janeiro del 15 al 17 de junio, organizada y financiada por Globe International y que ha congregado a casi trescientos legisladores de 85 países del mundo.

No cabe duda que resultó un interesante foro para conocer distintas iniciativas legislativas en materia ambiental y de cambio climático, pero caben algunas reflexiones:

1. En primer lugar no deja de llamar la atención que este encuentro no haya sido organizado de forma oficial por los organismos de Naciones Unidas, lo que hace dudar de la voluntad política de los países industrializados y que más contaminan para asumir los compromisos que se establecen en las Cumbres. Lamentablemente estas reuniones pueden convertirse en retórica combinada con conciencia culposa que ayudan a que se discuta mucho, se debata bastante y se cambie poco.

2. En la reunión de legisladores se parte de ratificar la vigencia de los compromisos establecidos en Río de Janeiro hace 20 años, así como, en la Cumbre de Johannesburgo en 2002, insistiendo en la necesidad de renovación del compromiso político de los países con el desarrollo “sostenible” y de identificar los “cuellos de botella” para que se apliquen las medidas establecidas en las conferencias anteriores.

En el debate se ha reiterado que todos tenemos obligación con la conservación del planeta, sin embargo, los organizadores han sido renuentes a introducir en la declaración final, la responsabilidad que tienen los países más industrializados y que más contaminan, por tanto, la declaración final es una suma de buenas intenciones sin compromisos claros para controlar y evitar las emisiones netas de carbono.

No puede entenderse que asuman el mismo compromiso los países africanos que luchan contra la desertificación y la sequía o los andinos que han reconocido derechos a la naturaleza, con las grandes potencias que ni han cumplido con sus obligaciones de disminuir la emisión de gases que generan efecto invernadero ni han modificado sus patrones de producción y consumo. Todos tenemos responsabilidad pero diferenciada, todos somos legisladores, pero nuestro papel es representar a los países que generalmente sufren el impacto de la barbarie consumista de otras latitudes.

3. Otro tema de debate ha sido la discusión sobre la “economía verde” un tema de finales de los 80, reactualizado por el documento del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) a inicios de la década presente. Si bien este concepto centra sus esfuerzos en dar prioridad a la sostenibilidad ambiental e incluso a la equidad social por encima del crecimiento económico, no rompe con el enfoque neoliberal que ha alentado la liberalización y la especialización productiva y con un modelo macroeconómico que sigue enfatizando en el crecimiento y sancionando como proteccionistas las políticas que intentan defender la producción en los países del sur. El concepto de “economía verde” no puede reemplazar el de desarrollo sustentable aunque los disfracen de “respetuosa con la soberanía”; por ello en la cumbre la delegación ecuatoriana ha reiterado su compromiso con el Buen Vivir como nuevo paradigma de desarrollo que busca articular de forma equilibrada la utilización de los recursos naturales con los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones.

4. El documento final del Protocolo de Legisladores de Río + 20, reconoce una serie de roles de los parlamentos nacionales en la elaboración, aprobación y supervisión de la legislación a favor del ambiente, la conservación y la biodiversidad; en la fiscalización del desempeño de los gobiernos; en avanzar en el enfoque de capital natural y en fomentar el debate y la educación sobre el desarrollo sostenible con justicia social y respeto a la diversidad cultural. Parecería pues que el mundo es totalmente simétrico y que la suma de buenas acciones gubernamentales y de sus respectivos legislativos da como resultado un mundo perfecto, armónico; no considera, por ejemplo, que solo en el año 2007, existió que un flujo negativo entre el norte y sur superior a los 869 mil millones y que para nuestra América Latina fue de casi 100 mil millones de dólares.

En la perspectiva citada el Protocolo de Legisladores de Río + 20 presupone que el problema de los limitados avances en los acuerdos logrados en las cumbres de desarrollo sostenible, radica en la falta de incorporación efectiva de tales compromisos a la legislación nacional o que cada uno de los estados no han diseñado mecanismos efectivos de rendición de cuentas, es decir reduce el problema a una perspectiva de políticas públicas cuando el tema es la política mundial. Es una cuestión de poder de las grandes naciones industrializadas, de sus necesidades energéticas e industriales y huelga también repetir que es un problema de la incapacidad de los organismos mundiales para determinar medidas o hacerlas cumplir, aunque el costo sea la supervivencia del planeta.

5. Finalmente, en la declaración del llamado Protocolo de Legisladores de Río + 20, que ha sido entregada a delegados de las Naciones Unidas, han firmado un documento en el que se comprometen a renovar el compromiso con el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta sus tres dimensiones: crecimiento económico, ambiental y social; la defensa del principio de no regresión medioambiental; el pacto por una gobernanza para el desarrollo sostenible en los planos internacional, local y regional; así como el compromiso por una economía verde respetuosa con la soberanía nacional y el desarrollo de procesos de fiscalización de las legislaturas en cuanto a la aplicación de los compromisos de Río y “la forma en que se comprometen con las agencias de la ONU y los procesos internacionales”. También han acordado darse cita cada dos años en Río de Janeiro, en la Cumbre Mundial de Legisladores para dar realce a las mejores prácticas legislativas, informar sobre los progresos nacionales y debatir nuevas estrategias internacionales para el desarrollo sostenible. Por último han recomendado a los gobiernos la ratificación de la Convención de Nagoya sobre Biodiversidad.

Apenas han aceptado incluir el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas sobre el ambiente, pero no han recogido una sola palabra de los planteamientos de la delegación ecuatoriana, respecto de impulsar y respaldar iniciativas como la de “Emisiones Netas Evitadas” que implica compensar a los países que decidan no realizar actividades que emitan gases de efecto invernadero, como por ejemplo, la iniciativa Yasuní ITT en Ecuador que busca dejar en el subsuelo 846 millones de barriles de petróleo, evitando la emisión de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono .

Tampoco han incorporado otras propuestas netamente legislativas como la de incluir disposiciones que reconozcan los Derechos de la Naturaleza o promover reformas tendientes a establecer el Derecho Humano universal al agua potable y al acceso pleno a los beneficios del saneamiento ambiental, ni que los Estados declaren al agua como patrimonio estratégico de uso público, inalienable e imprescriptible y peor establecer una prelación para los usos del agua.Ni chis ni mus, han dicho, sobre el planteamiento de reafirmar el compromiso con la lucha por la transformación ecosistémica de las ciudades, garantizando el derecho al hábitat y al ambiente sano para todos sus habitantes con programas de sustentabilidad urbana, como instrumentos fundamentales en la construcción de ciudades justas con espacios participativos y democráticos.

Por estas razones, el Presidente de la Asamblea del Ecuador, arquitecto Fernando Cordero, no ha posado en la foto final de representantes y la delegación ecuatoriana no ha suscrito el Protocolo, quizá en la euforia final llena de aplausos y abrazos estas ausencias pasaron desapercibidas, porque no le concedieron la palabra al jefe de la delegación o tal vez porque se había cumplido el objetivo de acumular una declaración más en la que se gaste mucho, se discuta bastante y se logren pocos compromisos reales para enfrentar la crisis económica, ambiental, social y cultural que sacude a la humanidad.

Resta esperar que esta “Cumbre” haya sido solo una manifestación del voluntarismo oficioso de un organismo privado y no la muestra de lo que va a suceder en Río + 20, en los próximos días.

Aún queda la esperanza…

Río de Janeiro, 17 de junio de 2012

Puesto en línea por Alainet, América Latina en Movimiento

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