ECUADOR: Gobierno popular y medios de comunicación

por Roberto Sánchez

Cómo comprender los desafíos que afrontan los gobiernos progresistas en la construcción de un nuevo Estado identificado con los sectores populares, en medio de los ataques de los grupos más conservadores de la sociedad que tienen como aliados a las corporaciones mediáticas. Para explorar una aproximación a la relación entre medios de comunicación privados y gobiernos populares revisaremos, de forma general, los aportes de Ernesto Laclau [1] sobre el populismo y la construcción de una democracia participativa, para aplicarlos al caso ecuatoriano.

Para Laclau el populismo no es una palabra peyorativa, es una forma de hacer política cuando la institucionalidad vigente se vuelve incapaz de dar solución a las demandas populares. Las demandas insatisfechas, al articularse, pueden constituir un discurso que dicotomiza el campo social para interpelar al poder. Sin embargo, la articulación solo será posible a través de un liderazgo que logre representar las diferentes demandas. Así el líder se convierte en una figura clave para articular heterogéneas posiciones y dar cierta centralidad al discurso.

Ahora, cuando un proyecto político popular triunfa democráticamente y accede al poder tiene el desafió de transformar el Estado, es decir busca construir una nueva institucionalidad. Los gobiernos populares buscan poner en marcha una serie de cambios que las instituciones políticas tradicionales han sido incapaces de resolver. Pero todo gobierno popular que pretende crear instituciones nuevas es, a la vez, heredero de una institucionalidad producto de las relaciones políticas del pasado. Por tanto, funciona sobre las mismas bases de la administración pública que pretende transformar, situación que genera fuertes tensiones.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, observamos que la política no puede ser totalmente populista, en el sentido de sostener una movilización confrontacional permanente, si no que necesita desarrollarse bajo ciertos parámetros institucionales. No se rompe de cuajo con el sistema como lo hicieron las revoluciones del siglo XX, pero este problema se compensa con nuevas formas de poder popular. Implica una tensión creativa entre el populismo y el institucionalismo que no puede ser superada a priori y que de acuerdo a las contingencias en un momento dado puede priorizar lo popular como en otro caso lo institucional.

Por ejemplo, el actual proceso político ecuatoriano se inició hace unos cinco años con la victoria electoral de un conjunto de fuerzas progresistas que confluyeron en el nuevo movimiento Alianza País, liderado por Rafael Correa, que propuso construir una alternativa de gobierno que revolucione las estructuras del viejo Estado. Una de las primeras medidas del gobierno de Correa, a través de un referendo, fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que produjo una nueva Constitución (2008). Esta dejó atrás el modelo de inspiración neoliberal y buscó la recuperación del papel soberano y regulador del Estado al servicio de la ciudadanía. A partir de este giro constitucional se ha desarrollado una serie de políticas públicas en materia económica, de soberanía alimentaria, de revolución educativa, de soberanía energética, entre otras propuestas que se vienen implementando a través de un serio trabajo de planificación.

Sin embargo, estas transformaciones democráticas generan una fuerte resistencia al cambio por parte de sectores conservadores que tratan de evitar la variación del status quo, a pesar que el gobierno proviene de elecciones legítimas y sus decisiones tienen un fuerte respaldo popular. Incluso, en el caso ecuatoriano, se critica el proceso de cambio desde sectores vinculados a algunas posiciones sindicalistas e indigenistas maximalistas.

Como respuesta el presidente ecuatoriano enfrenta confrontacionalmente a sus detractores, desenmascara a los grupos de poder, ataca a la vieja partidocracia y responde sin temor a los intelectuales que lo califican como autoritario. Correa sostiene un discurso que dicotomiza el espacio público entre quienes están con la revolución ciudadana y quienes buscan regresar al pasado. Como resultado ha logrado articular una mayoría popular que se siente representada por las reformas que se vienen implementando en el campo social, económico y político. Estos logros marcan una radical diferencia con los resultados de las políticas neoliberales impuestas autoritariamente en los 90 por organismos financieros internacionales sin ningún tipo de consulta popular y cuyos efectos son bastantes conocidos.

La prensa

Como los gobiernos populistas generalmente emergen de una fuerte crisis del sistema, los actores políticos tradicionales no suelen ser el mayor obstáculo para el proceso de cambio. Sin embargo, el gobierno popular es asediado por grupos corporativos de gran poder económico que atacan las reformas. La principal oposición viene de una serie de poderes fácticos como el de las corporaciones mediáticas privadas, que generalmente forman parte o están vinculadas a grandes grupos económicos. Estos medios de comunicación entran al terreno de la política para atacar los procesos de cambio que emprender los gobiernos democráticamente elegidos.

En Ecuador el 2007, año que asumió la presidencia Rafael Correa, eran ocho los grupos empresariales que controlaban los principales medios de comunicación escritos, radiofónicos y televivos. Varios de estos medios tenían una relación directa con la banca como los canales de televisión propiedad de los grupos Egas e Isaías (en señal abierta y cable). Además, a diferencia de la mayoría de los países de la región, en Ecuador, no existían medios públicos del Estado.

Este marco comenzó a cambiar con la nueva Constitución de 2008 que prohibió la inversión de los grupos financieros en medios de comunicación, tema que fue ratificado el 2011 con una consulta popular. De esta manera Teleamazonas se vio obligada a vender sus acciones. También hay que considerar que el Estado a través un proceso judicial por defraudación financiera al grupo Isaías, incautó dos canales de televisión de señal abierta (TC-Televisión, GamaTV) y dos canales de cable (CN3 y CD7), que pasaron a ser administrados por un fidecomiso de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Además, paralelamente a esta nueva relación con los medios de comunicación, que antes eran intocables, entraron en funcionamiento los primeros medios públicos de la historia del Ecuador.

Otro tema relevante es el debate de una nueva ley de comunicación, que luego de dos años, fue presentada a votación. Sin embargo, esta propuesta legislativa que busca democratizar la comunicación se encuentra actualmente estancada en la Asamblea Nacional. Uno de los temas centrales que plantea el proyecto de ley es la pluralidad en la comunicación con igualdad de condiciones en el espacio radioeléctrico para medios públicos, privados y comunitarios, frecuencias que actualmente están bajo una especie de oligopolio privado. Pero aunque resulte increíble, asambleístas identificados, en teoría, con un sector del movimiento indígena y cuyos votos eran fundamentales se opusieron a la nueva ley de comunicación.

En este contexto una buena parte de la prensa privada se convirtió en un actor político que desarrolla una retórica llena de tergiversaciones sin mayor sustento. Se trata de una fallida defensa de los privilegios bajo los cuales han venido operando los grandes medios, incluyendo esa forma maniquea de utilizar su poder para generar sentido a favor de intereses particulares. En este ejercicio han creado la figura de un supuesto autoritarismo contra la libertad expresión, cuando lo que ocurre es que el Estado busca responder a las demandas populares antes que los intereses particulares de los gremios empresariales.

El caso más emblemático de este tipo de ejercicio “periodístico” es lo ocurrido con el diario El Universo. En medio de una sostenida campaña contra el gobierno, el editor de opinión Emilio Palacio escribió el artículo llamado “No a las mentiras” en el que asegura que en el futuro se podría enjuiciar a Rafael Correa “por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, en los sucesos del 30 de setiembre de 2010. Este artículo motivo una demanda de Correa contra Palacio y los directores de El Universo, porque el diario imputaba falsamente al presidente ser el autor intelectual del delito de asesinato y de delitos de lesa humanidad en medio de una fuerte revuelta policial. Este tipo de prensa es la que Correa califica como prensa corrupta, mediocre, mentirosa, entre otros términos.

En su defensa El Universo no sólo buscó configurar un discurso de persecución contra la libertad de expresión, si no también del peligro de la Corte Nacional de Justicia donde supuestamente no existía imparcialidad. Todo esto fortalecía la tesis que llevaba el artículo de opinión de Palacio sobre la existencia de una dictadura en Ecuador. Además, el diario nunca aceptó rectificar la información que publicaron a pesar que se demostró su falsedad.

Estos hechos nos muestran como las corporaciones mediáticas privadas han abandonado sus propios manuales de periodismo, que hablan de objetividad e imparcialidad, para convertirse abiertamente en los representantes de los sectores más conservadores de la sociedad que confrontar maniqueamente a los gobiernos democráticamente elegidos con un insostenible discurso de la defensa de la libertad de expresión. Los medios privados levantan una bandera por la libertad de expresión y de empresa, pero lo que realmente buscan es mantener la posición de dominio de quienes, por ejemplo, promovieron la imposición del llamado “Consenso de Washington”. Mientras tanto, el gobierno popular sostiene una lucha por la democratización de la comunicación para fortalecer los medios comunitarios, públicos y regular los excesos de las corporaciones mediáticas. Por ahora, en Ecuador el debate público lo va ganando el gobierno aunque la Ley de Comunicación es un tema pendiente de combate.

[1] Laclau participó de la Conferencia Medios, Poder y Ciudadanía en Sudamérica, realizada del 16 al 18 de mayo, en FLACSO-Ecuador.

Fuente: www.fedaeps.org

Puesto en línea por AlaiNet, América Latina en Movimiento

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