COLOMBIA: Ley de Justicia y Paz: prorrogar la infamia y ampliar la impunidad

por José Hilario López Rincón, Abogado – Corporación por la Dignidad Humana

El Gobierno de Juan Manuel Santos, al igual que el anterior, del cual es heredero, se niega tozudamente a reconocer el colosal fracaso de la Ley 975 de 2005, conocida como “Ley de justicia y paz”. A escasos dos meses de cumplir los siete años de su expedición – 25 de julio de 2005 -, se insiste en mantenerla vigente, sin importar que el número de sentencias sea, apenas, la vergonzosa cifra de siete.

En el Congreso cursa actualmente un proyecto de ley cuyo ponente es el senador Roy Barreras (Partido de la U), pretende básicamente prorrogar la vigencia de la Ley dos años más y ampliar su cobertura a quienes hayan delinquido entre 2005 y 2012.

En principio, la Ley 975 contemplaba en su artículo 72 que la misma se aplicaría “únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia” y que regiría “a partir de la fecha de su promulgación”. La Corte Constitucional, en la sentencia C-1199 del 5 de diciembre de 2008, precisó que su aplicación no es automática y que los beneficios “sólo son aplicables a partir del momento en que se cumplen todos los requisitos previstos en la propia ley y de conformidad con la interpretación constitucional fijada en la sentencia C-370 de 2006 y en las demás sentencias que esta corporación ha proferido sobre la constitucionalidad de tales preceptos”.

Negociada por el Gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) con los paramilitares y aprobada por un Congreso plagado de parapolíticos, la ley pretendía la desmovilización de la estructura paramilitar, al menos en su rama militar, que supuestamente conduciría al fin de las masacres y al silenciamiento de las motosierras, “garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Recordemos que el presidente del “Honorable” Senado de la República y la Presidenta de la “Honorable” Cámara de Representantes que tuvieron el inmenso honor de aprobar dicha ley, fueron respectivamente, Luis Humberto Gómez Gallo (Partido Conservador) y Zulema Jattin Corrales (Partido de la U), justamente condenados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por vínculos con los paramilitares. ¡Qué casualidad!

Uribe Vélez, contertulio y apadrinado de Salvatore Mancuso según este mismo lo ha vuelto a confesar y el Congreso de la época, legislaron en causa propia al presentar, tramitar, aprobar y sancionar la Ley de Justicia y Paz.

De acuerdo con el origen de la Ley de Justicia y Paz, los beneficiarios de la misma son los paramilitares. A pesar de la retórica acerca de la verdad, la justicia y la reparación en favor de las víctimas, éstas, en la práctica, son convidadas de piedra a la comedia montada sobre sus propias tragedias.

Ya desde el año 2009, el Gobierno uribista a través de su cancerbero del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio, intentó reformar sin éxito el artículo 72 de la Ley 975 a través del Proyecto de Ley 288 de 2009, con el exclusivo fin de ampliar la vigencia de la ley 975, más allá del 25 de julio de 2005. En otras palabras que la ley cobijara a quienes se “desmovilizaran” con posterioridad a esa fecha. Oferta permanente aún para los delitos más graves.

En septiembre de 2011, la entonces fiscal General de la Nación Viviane Morales Hoyos, radicó en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley con el cual buscaba “modificar” la Ley 975 de 2005, en el sentido de darle mayor “celeridad” a los procesos y establecer “prioridades para la investigación, juzgamiento y sanción de los casos bajo su conocimiento, con base, entre otros, en criterios relacionados con la gravedad de los delitos, las condiciones de los autores y la calidad de las víctimas”.

Simultáneamente, el Gobierno de Santos Calderón adelantaba un estudio bajo la coordinación de Baltasar Garzón y el auspicio de la Organización de los Estados Americanos y la Misión de Apoyo al proceso de paz – MAPP-OEA -denominado “Diagnóstico de Justicia y Paz en el Marco de la Justicia Transicional en Colombia”, presentado el 19 de octubre de 2011. Allí se plantean, entre otras las siguientes recomendaciones:

“Eliminar la fase de postulación y sustituirla por la selección que deberá llevar a cabo la Fiscalía General de la Nación”. La recomendación tiene sentido en tanto de los 30.000 paramilitares supuestamente desmovilizados, apenas fueron postulados 4.118 de ellos; el gobierno se arrogó la facultad de “postular”.

“Ampliar las investigaciones a instigadores y financiadores de grupos armados ilegales que decidan aportar con verdad y reparación al proceso, incluyendo a las personas jurídicas”

“Aplicar el enfoque diferencial y la perspectiva de género en las indagaciones realizadas por los fiscales, teniendo en cuenta el especial impacto social y político que el conflicto armado ha tenido sobre determinados grupos sociales”

El estudio plantea que a través del mecanismo legal correspondiente se determine “que aquellos miembros de los grupos armados ilegales desmovilizados al momento de la promulgación del mismo y que perteneciendo a dichos grupos con anterioridad al 25 de julio de 2005 no se encontraren seleccionados al procedimiento de que trata la Ley 975 de 2005, únicamente pueden solicitar la selección al procedimiento de la presente ley dentro del año siguiente a su vigencia”.

Y un aspecto importante que tiene que ver con los jefes paramilitares extraditados por Uribe Vélez: la posibilidad de “Reformar los acuerdos bilaterales de asistencia legal y cooperación judicial con Estados Unidos. En particular, articular los mecanismos necesarios para que tenga lugar las entregas temporales de los/as seleccionados/as para cumplir sus obligaciones con Justicia y Paz” y “Desarrollar mecanismos que aseguren la repatriación de los/as seleccionados/as una vez se culminen las actuaciones por las cuales fueron extraditados”.

Son múltiples las recomendaciones formuladas por el equipo de trabajo, que el Gobierno de Santos Calderón debería tener en cuenta, en este nuevo intento de ampliar en el tiempo y en la cobertura la Lay 975 de 2005. Sin embargo, el proyecto que hace su curso en el Congreso pretende que los miembros de grupos armados ilegales que hayan delinquido entre 2005 y 2012 puedan ser beneficiados por dicha Ley y establece criterios de priorización (formulados en el proyecto presentado por la ex fiscal Morales).

Ampliar la cobertura del universo de “desmovilizados” que hayan delinquido hasta el 2012, es una nueva expresión de generosa impunidad, a la vez que una afrenta a las víctimas y a la sociedad. Como si la justicia fuera el objeto central de una subasta de baratijas de pueblo.

Con fundamento en el proyecto en trámite, individuos como Héctor Buitrago Parada, alias “Martín Llanos” y Nelson Buitrago Parada, alias “Caballo”, recientemente capturados en Venezuela, podrían acogerse a la Ley y estar libres en ocho años. Por ello alias “Martin Llanos” en su indagatoria ante un Fiscal de Derechos Humanos se limitó a decir que no respondía porque sus respuestas podrían ser objeto de futuras “negociaciones” con el gobierno.

Todos los intentos de reforma de la Ley 975 han estado dirigidos a beneficiar a los victimarios, pero desconoce los derechos de las víctimas. No es cierto que al permitir que más desmovilizados sean cobijados por la ley, las víctimas tendrán mayores posibilidades de conocer la verdad y obtener justicia y reparación. Siete condenas en siete años hablan por sí solas, amén de los múltiples obstáculos que en la práctica encuentran las víctimas para acceder a las versiones ante Justicia y Paz, en parte abordados por el informe de la Mapp-OEA.


Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 304
Semana del 25 al 31 de mayo de 2012
Corporación Viva la Ciudadanía.


Puesto en línea por AlaiNet, América Latina en Movimiento

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