COLOMBIA: Significado del surgimiento del movimiento “Marcha Patriótica”

por Álvaro Villarraga Sarmiento, Presidente de la Fundación Cultura Democrática

Con una masiva movilización de delegaciones sociales provenientes de las distintas regiones del país deliberaron, consensuaron una plataforma y una declaración y marcharon hasta colmar la Plaza de Bolívar de Bogotá los integrantes del nuevo movimiento político social “Marcha Patriótica”. Resulta muy positivo que más de cincuenta mil personas -ante todo campesinos, indígenas, afro-descendientes, mujeres, jóvenes, estudiantes, trabajadores y personas de reconocido liderazgo en la promoción de la paz- conformen una nueva alternativa política de raigambre popular, democrática y progresista. Por tanto, merece que se expresen consideraciones y discusiones al respecto que superen las registradas de manera inicial y reactiva, en respuesta a los señalamientos hechos por mandos de la Fuerza Pública sobre posible interferencia de las FARC en este proceso.

Así, entre aspectos de distinto orden que podrían mencionarse y que habrán de tratarse en intercambios y discusiones constructivas con diversos sectores, vale inicialmente destacar algunos asuntos como los siguientes: en las actuales circunstancias es de alto valor que una vertiente de este tipo irrumpa con la divisa de la paz y la solución política, más aún con presencia notoria en regiones altamente afectadas por el conflicto armado. Constituye una iniciativa política particular a la cual confluyen varias vertientes de la izquierda comprometidas con propuestas de cambio estructural, pero a la vez representan sólo parte del amplio, plural y diverso espectro de la izquierda. Representa otra nueva experiencia -del orden nacional- de proyectar una iniciativa política a partir del protagonismo social con apoyo en dinámicas sociales en curso, pero que a la vez expresa un sector determinado en medio de dinámicas sociales más amplias, plurales y autónomas existentes. En materia programática expresa importantes consensos pone de presente asuntos neurálgicos a tratar en el actual panorama político, pero a la vez permite establecer discusiones y puntos de diferenciación frente a otras vertientes.

En lo relativo a la paz tras una década de empeño fallido en la estrategia de búsqueda de la solución por vía militar del conflicto armado interno se exploran de nuevo posibilidades de solución política, el Gobierno está en el dilema entre el predominio de su renovada estrategia militar “Espada de Honor”, la ampliación de la intervención militar norteamericana y la creencia de algunos sectores de la posibilidad de conseguir la derrota militar de las guerrillas en breve plazo, o la retoma de una política de paz y de un proceso de solución negociada con las FARC y el ELN, no obstante los riesgos y las exigencias políticas de distintos orden que ello impone. El conseguir la movilización política hacia contribuir en este tipo de proceso, precisamente con sectores poblacionales y sociales que han padecido directamente el impacto directo de la guerra, constituye un elemento de alta importancia para las propias posibilidades del proceso de paz. Por supuesto que como ya lo advierten otras voces, resulta imprescindible enfatizar en el respeto a la autonomía de los sectores sociales y en la independencia y transparencia del proyecto político, tanto para contrarrestar el señalamiento y los eventuales ataques que puedan hacerse de manera ilegítima desde la Fuerza Pública o determinadas instancias oficiales o gubernamentales como desde la insurgencia que podría reeditar equivocadas prácticas de penetración, militarización, interferencia o presión armada.

Desde las dinámicas políticas y sociales de la izquierda la Marcha Patriótica expresa una iniciativa con participación importante del Partido Comunista y de otras vertientes políticamente cercanas que también hacen parte del PDA, pero no incluye otras vertientes importantes como el MOIR, sectores de la socialdemocracia y de otras expresiones de izquierda con posturas menos radicales. Resulta explicable que bajo los mandatos del presidente Uribe, bajo su discurso de extrema derecha, guerrerista, autoritario, connivente con sectores del paramilitarismo, las mafias y altamente agresivo frente a la izquierda y de abierto menoscabo a las garantías podría decirse que el conjunto de la izquierda tendió a agruparse en el proceso unitario del Polo Democrático. Ahora, si bien el Gobierno Santos tiene expresiones de continuismo en diversas políticas y en varias de sus posturas, de hecho se ha dado un cambio político significativo en varios aspectos, lo cual, junto a otros factores, permite una expresión más diversa, compleja y diferenciada entre los sectores de la izquierda. El PDA si bien mantiene una valiosa bancada parlamentaria dejó de ser la alternativa aglutinante y lamentablemente la alternativa de poder. Desde la búsqueda de una mayor amplitud desde la izquierda hacia el centro político irrumpió con éxito el movimiento Progresistas consiguiendo la Alcaldía de Bogotá. Al seno del Partido Verde, que encarnó en su origen un movimiento de ruptura con la corrupción y búsqueda de una cultura política democrática se expresan posiciones progresistas que consiguen acceso a determinados gobiernos territoriales y corporaciones públicas.

Marcha Patriótica en el ámbito social representa un aglutinamiento campesino, indígena, estudiantil y de trabajadores que se destaca, como se ha informado conformado por más de 1500 organizaciones sociales, con presencia en el ámbito nacional. Sin embargo, es claro que existe un universo mucho más amplio de confluencias y dinámicas sociales autónomas y a la vez diversas. Entre ellas la Minga Indígena y Popular que ha conseguido magníficas demostraciones políticas y marchas, en las cuales ha proyectado sus propuestas que ante todo representan demandas de los pueblos indígenas y de sectores populares con propósitos similares y con un énfasis muy marcado en la actuación autónoma e independiente tanto frente al Estado como frente a la actuación criminal del paramilitarismo y frente a la propia acción de la insurgencia. Está la dinámica de Congreso de los Pueblos que en cierta manera se hermana mucho a Marcha Patriótica, pero que a la vez incluyó otros sectores más diverso en lo político y más amplios en lo social. Está el propio movimiento estudiantil que derrotó con éxito el proyecto de privatización de la educación pública superior y que con la MANE como referente convoca a la vez sectores heterogéneos, organizaciones estudiantiles y una amplia base movilizada. Y podría decirse en el buen sentido, que al seno de toda organización social y movimiento social, en el ámbito popular, Marcha Patriótica es una de las propuestas que emula hacia propósitos y acciones convergentes.

En lo referido a la Declaración Política difundida y la Plataforma Política presentada y discutida, por supuesto son muchos los temas y tópicos que podrían destacarse por su contenido progresista y pertinencia. Desde hace décadas se aspira en la nación colombiana a ejercer en toda su consecuencia la soberanía y la autodeterminación frente a las injerencias de las grandes potencias, en especial de EU y del poder de las multinacionales y todos los resortes de los epicentros internacionales del poder. Por ello, no es aspiración como equivocadamente se ha dicho de la guerrilla sino debe serlo de la nación entera el conseguir una especie de “segunda y definitiva independencia”. Con acierto se cuestiona el modelo de desarrollo de carácter neoliberal, de favorecimiento al gran capital trasnacional y financiero y los regresivos presupuestos del programa agro-minero del presente Gobierno para predicar la búsqueda de modelos socio económicos alternativos, incluyentes y sostenibles, en defensa del trabajo, del bienestar de la población y del medio ambiente. Es evidente que Latinoamérica se ha movilizado con éxito al conseguir elegir gobiernos alternativos en búsqueda de nuevos modelos alternativos, lo cual inspira diversas propuestas hechas. Así mismo, cobran importancia central demandas como la vigencia integral de los DH, el trabajo decente frente a la precarización, la defensa de la economía campesina y las zonas de reserva campesina y las demandas sociales en salud, educación y otros temas.

Pero, para introducir aspectos de debate vale discutir también que aún varias propuestas son débiles en su formulación, se carece de otras que serían pertinentes y algunas en la formulación pueden ser motivo de controversia. Entre algunas de las discusiones posibles mencionemos que no es acertado el genérico plano de “conflicto social y armado” sin dejar en claro la propia dinámica y autonomía de los sujetos políticos y sociales frente a los actores armados, incluida la propia insurgencia. No será el espacio de negociación en las FARC y el ELN el referente necesario para el logro de propuestas programáticas, aunque ellas también se proyecten en un eventual escenario de nuevos pactos de paz con sectores de la insurgencia. Se habla de cambio en las estructuras del Estado de manera genérica, lo que podría dar a entender que se requiere un cambio total en sus estructuras e instituciones, desconociendo el papel progresista e institucional tan importante de la Constitución Política de 1991, precisamente conseguida en el contexto de una Asamblea Nacional Constituyente y de varios procesos de paz con la insurgencia. Podría abundarse mucho con respecto a desarrollos constitucionales, algunos legales e institucionales progresistas y democráticos en tal sentido. Asunto distinto son las inaplicaciones, incoherencias, poderes mafiosos, del paramilitarismo y los desarrollos necesarios de abordar. Una argumentación no clara al respecto puede dar lugar a la discutible interpretación de legitimación de la insurgencia.

Se diluyen al lado del campesinado sin lograr reflejar sus reales demandas de territorialidad y del conjunto de derechos colectivo, autonomía y de Gobierno y derecho propio que merecen los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes. No aparece el enfoque de género ni el conjunto de políticas diferenciales que merecen las mujeres, los menores de edad y otros sectores, sólo tangencialmente referidos. Resulta discutible también la desestimación y el silencio ante ciertas medidas progresivas del Gobierno, lo que es discutible no hacerlo en política, por ejemplo, no obstante limitaciones y demandas que puede resolver positivamente la Corte Constitucional, la ley de víctimas y de restitución de tierras, el cambio en la política internacional y la ruptura de la anterior coalición y forma de Gobierno por otras distintas. Aunque con validez se fórmula el Derecho Internacional Humanitario no se hace de forma coherente frente a todos los actores, de manera que, por ejemplo, al referirse al universo de víctimas se alude sólo a las del Estado y el paramilitarismo, pues si bien la responsabilidad y deber de garantía del Estado es central y son muy mayoritarias las víctimas de responsabilidad estatal y de los paramilitares, es un notorio error excluir a las víctimas causadas por la insurgencia. Vale ilustrar que en el contexto de la confraternización de las víctimas y del hermanamiento de sus causas resulta ejemplar el aporte de Asfamipaz y otras organizaciones y colectivos de víctimas que precisamente representan un entorno familiar de miembros de la Fuerza Pública afectados y de civiles tomados por la insurgencia en calidad de rehenes o de secuestrados. Son así han sido numerosos los sindicalistas, líderes campesinos e indígenas atacados por la guerrilla, en especial por las FARC.

En resumen, para la construcción democrática de sociedad y Estado debe pugnarse por lograr un régimen de garantías y derechos suficiente para que se expresen en toda su vitalidad todos los proyectos políticos y las dinámicas sociales. El surgimiento de la Marcha Patriótica puede aportar en tal sentido como proyecto político social con base en su actuación legítima, civilista, de fuerza social incidente, autónoma y ajena a cualquier compromiso o justificación con la violencia política y los proyectos autoritarios tanto del régimen como de los actores armados en el contexto de la guerra. Si bien, el Estado con instrumentación del paramilitarismo podemos decir sin reserva resulta responsable del exterminio logrado mediante el genocidio de la Unión Patriótica y de otros sectores políticos y sociales, más allá del justo tratamiento en derecho y de la atención humanitaria que merecen las víctimas, el renacer de este tipo de proyectos, ya no como la UP como resultado de un proceso de paz sino como premisa y exigencia para que se abra un nuevo proceso de paz, que ojalá sea exitoso y de cierre final del conflicto armado, resulta muy significativo y verdaderamente reparador que se reconstruyan expresiones políticas y sociales que fueron duramente golpeadas con renovadas formulaciones, con nuevas generaciones y en un nuevo contexto, decididas a ejercer sus derechos y con ellos, a construir la paz como derecho y obligación de necesario cumplimiento.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 300

Semana del 27 de abril al 03 de Mayo de 2012

Corporación Viva la Ciudadanía

Puesto en línea por AlaiNet, América Latina en Movimiento 

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