BOLIVIA: Novena marcha indígena en defensa de la vida

por Alex Contreras Baspineiro, periodista y escritor boliviano

El 25 de abril, a siete meses de la brutal y cobarde represión policial contra niños, mujeres, ancianos y hombres de los pueblos indígenas de Bolivia, paradójicamente producida en un gobierno indígena y con un Presidente indígena, se ha marcado como el día del inicio de la Novena Marcha en Defensa del Territorio y de la Vida.

La Tercera Comisión Nacional de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), realizada en las últimas horas en Santa Cruz, determinó iniciar la movilización desde la población de Chaparina hasta La Paz (sede de gobierno).

Chaparina -antes un lugar recóndito en la geografía boliviana- se ha convertido en la población donde los efectivos policiales pisotearon los derechos de los pueblos indígenas: maniataron y amordazaron a mujeres; insultaron y amenazaron a niños; abusaron y se burlaron de los ancianos y golpearon y detuvieron a los dirigentes.

El 25 de octubre de 2011, “el gobierno del cambio” bajo el rótulo de “evacuación humanitaria” desplegó un inusual operativo policial contra la marcha indígena con el único objetivo de desarticularla: detener a los marchistas y trasladarlos por la fuerza hasta sus comunidades en aviones militares y en vehículos expresamente contratados. Cometió un grave error político. La movilización se convirtió en una de las más grandes y heroicas en la historia nacional.

Pese a que ya pasaron más de seis meses de ese atropello, no existe ningún avance en la justicia boliviana; al contrario, el Ministerio Público citó a dirigentes indígenas a declarar acusados de intento de homicidio, lesiones graves y leves. Existe total impunidad.

“Los pueblos indígenas ya hemos tomado la decisión de marchar una vez más contra este mal gobierno. Si tenemos que morir en esta lucha será por una causa justa, estamos dispuestas a defender nuestro territorio porque significa defender nuestras vidas”, aseveró la vicepresidenta de la Confederación de Mujeres de Bolivia (CMIB), Judith Rivero.

El conflicto entre indígenas y gobierno radica en la polémica construcción de una carretera por el corazón o núcleo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La mayoría de los pueblos indígenas rechazan la construcción de la obra por el corazón del parque y además cuestionan una pretendida consulta previa impulsada desde el gobierno, porque ya existe proyecto, financiamiento, empresa constructora e incluso ya existe sobreprecio. Es decir, que se trata de una consulta posterior pero no previa.

En cambio, desde esferas del poder se ha desplazado una ofensiva al mejor estilo de los gobiernos antipopulares: efectivos militares y algunos funcionarios incursionaron a comunidades del TIPNIS prometiendo obras, donando maquinaria y dilapidando los recursos económicos con el objetivo de comprar conciencias, dividir a las organizaciones y desconocer sus estructuras orgánicas. Hasta el momento les fue mal.

Movilización nacional

El principal dirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez, remarcó que la marcha no sólo será de los pueblos indígenas sino de todas las organizaciones sociales del país que defienden la Madre Tierra, respaldan la Constitución Política del Estado, impulsan un verdadero proceso de cambio y luchan por la defensa de la vida.

Dirigentes de diferentes sectores sociales como la Central Obrera Boliviana (COB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo, (CONAMAQ), organizaciones de maestros, salubristas, fabriles, universitarios, campesinos, vecinos y otros se organizan para marchar.

“Esta tiene que ser una marcha de todos los bolivianos y bolivianas. No puede ser que el gobierno al cual hemos apoyado ahora haga todo lo contrario a lo que ha prometido. Si el gobierno pregona a nivel internacional que es defensor del medio ambiente y la tierra que no asesine nuestros territorios. Tiene que ser consecuente”, aseveró.

Según el dirigente del CONAMAQ, Rafael Quispe, se eligió el inicio de la marcha el 25 de abril desde Chaparina “para recordar el lugar de la masacre a los pueblos indígenas”.

A la par de los pasos de los indígenas marchistas, se determinó que al interior de las comunidades del parque nacional y otras poblaciones de los pueblos y naciones originarias, se tomen medidas de presión como bloqueos y acciones de resistencia.

Al interior del TIPNIS –como nunca antes vivió en su historia- efectivos militares junto a funcionarios del gobierno, tratan de controlar algunas actividades tratando de intimidar a los pobladores para controlar sus organizaciones y lograr su objetivo de construir la carretera.

La dirigente Miriam Yubánure denunció que los efectivos militares están realizando un seguimiento minucioso a los dirigentes en todas sus actividades. “A pesar del amedrentamiento queremos decirle al gobierno que no le tenemos miedo. Nuestra lucha en defensa del territorio es justa y apegada a las leyes y, por esa razón, en nuestras reuniones hemos determinado luchar incluso ofrendando nuestras vidas”, remarcó.

A pesar que el gobierno está tratando de dividir a las organizaciones indígenas, la mayoría confirmó su asistencia a la Novena Marcha.

El secretario de juventudes de la CIDOB, Tomás Candia, describió que en varias comunidades del TIPNIS –como en Gundonovia- se puede ver diariamente el paso de lanchas de la Armada Boliviana con decenas de militares y fuertemente armados. “¿Para qué si no estamos en guerra?”, cuestionó.

Ante el anuncio de la nueva movilización indígena, el ministro de gobierno, Carlos Romero, dijo que respetan la determinación aunque deberían optar el camino del diálogo.

Interés transnacional

El megaproyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atraviesa por el corazón del TIPNIS se inscribe dentro la Iniciativa de Desarrollo e Integración de Infraestructura Suramericana (IIRSA).

El año 2000, los presidentes neoliberales de nuestro continente lanzaron un agresivo plan denominado IIRSA que consiste en un paquete de 514 megaproyectos hidroeléctricos, carreteros, gasíferos, ferroviarios, portuarios y otros, con una inversión inicial estimada de 69 mil millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y FONPLATA (instituciones que conformaban el extinto ALCA en la región), además de la Unión Europea, Banco Santander y el BNDES de Brasil.

A nombre de “desarrollo” se beneficiaron en las regiones donde se encuentra la mayor concentración de recursos naturales (minería, agua, hidrocarburos, bosques y biodiversidad), las corporaciones multinacionales petroleras, mineras, agroindustriales, farmacéuticas, metalúrgicas, genéticas, forestales, constructoras y otras.

En el caso de Bolivia, los proyectos no se restringen sólo al gas sino a la construcción de carreteras, represas, megapuertos, líneas férreas, agroindustria y otros. En lo referente a la polémica carretera por el corazón del TIPNIS, el financiamiento proviene de BNDES-Brasil y la empresa constructora, es también la brasileña, OAS.

Entonces, el IIRSA se replica perfectamente en el caso del TIPNIS porque más allá de la construcción de la carretera por el medio del parque nacional, se conoce que existe un contrato petrolero “Área de exploración de río Hondo”, Ley 3672 del 23 de abril de 2007, firmado con Petrobras Bolivia 50% y Total Bolivia 50%, por 30 años, abarcando un millón de hectáreas en los departamentos de Cochabamba, Beni y La Paz, y que afectan directamente el territorio del TIPNIS.

Otro de los temas relacionados a la construcción de la cuestionada carretera es la expansión de los cultivos ilegales de coca que, según los mismos estudios del gobierno, ya empezaron a afectar el área protegida y podrían convertirse en poblaciones colonizadas.

“Este mal gobierno debería ser más sincero: si quiere explotar hidrocarburos debería decirlo, si quiere la expansión de la coca y cocaína también debería decirlo; pero, no debe mentir más proclamando a nivel mundial que es defensor de la Madre Tierra, eso ya nadie se lo cree”, arremetió el dirigente Adolfo Chávez.

De acuerdo con la Evaluación Ambiental Estratégica del TIPNIS, documento realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas del actual gobierno: “Las comunidades trinitarias y yuracarés que se encuentran conviviendo con la colonización han perdido la posibilidad de control sobre sus bosques comunales; ellos se encuentran loteados y en manos de la asignación que da el sindicato de colonizadores; así, al igual que cualquier otro colonizador, poseen sus lotes y han asumido como sistema de organización social al sindicato, forman parte de él … Estas comunidades poseen como principal producción la hoja de coca y han perdido completamente las prácticas del sistema agroforestal que implica manejar parcelas agrícolas con cultivos perennes”.

Según la evaluación gubernamental, en el CONISUR que está controlado por el gobierno, entre 2003 al 2010, desaparecieron ocho comunidades indígenas y el área se llenó de sindicatos dependientes de los productores de coca que tienen como “mano de obra” a los nativos.

Lo cierto es que una vez más, en el país ubicado en el epicentro del continente latinoamericano y donde se vive un “proceso de cambio” los pueblos indígenas se organizan para protagonizar una nueva movilización: la Novena Marcha Indígena en Defensa del territorio y la Vida.

Puesto en línea por AlaiNet, América Latina en Movimiento

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