BOLIVIA: Divide el TIPNIS y reinarás

por Gonzalo Colque


¿Quién o quienes tienen el derecho de propiedad sobre el TIPNIS?, ¿quiénes son los llamados para impedir o no la construcción de la carretera?. A primera vista la respuesta es simple. Son los indígenas del TIPNIS que poseen el título colectivo de Tierra Comunitaria de Origen (TCO). Sin embargo, tanto la marcha indígena de rechazo a la carretera como la contramarcha que pide lo opuesto, están exponiendo a la luz pública la compleja realidad de los territorios indígenas, sus transformaciones, espacios que en la práctica ya no son necesariamente el hábitat donde los pueblos desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural para la sobrevivencia y el desarrollo.

El TIPNIS fue titulado como TCO a favor de la Sub-central del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), esto significa que el Estado la reconoció como única y absoluta propietaria de 1.1 millones de hectáreas de tierras. Es una organización indígena compuesta por 64 comunidades que tiene a su vez una facción denominada Consejo Indígena del Sur (CONISUR) creada en los años 90 y que agrupa a 14 comunidades indígenas (excepto Santísima Trinidad), las que físicamente no están dentro de la TCO TIPNIS sino en medio de la zona colonizada por los cocaleros del trópico (polígono 7). Ésta facción que en principio nació como una organización unificadora de las comunidades indígenas, hoy es mucho más cercana a la realidad de los colonizadores. Los indígenas del CONISUR tienen lotes de tierras donde siembran coca, no viven del aprovechamiento de los recursos del bosque, están organizados y asociados al sistema sindical de los colonos y las diferenciaciones culturales cada vez son más difusas. A pesar de ello, legalmente estas comunidades son copropietarias de la TCO TIPNIS,con plenos derechos sobre el territorio donde no están asentados y donde está planeadala construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

La marcha indígena a favor de la carretera está protagonizada por estas comunidades del CONISUR, cercanas a los cocaleros del Chapare y al gobierno del MAS. Están reclamando que se anule la Ley 180 de protección del TIPNIS, aprobada por el gobierno a regañadientes ante la demanda de la VIII marcha indígena que fue respaldada por la CIDOB y liderizada por Fernando Vargas, presidente de la Sub-central del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure.

Aunque la Sub-central del TIPNIS tiene una facción disidente (CONISUR), no cabe duda que sigue siendo la organización indígena matriz y titular del derecho de propiedad que –en coordinación y representación de las 64 comunidades- tiene capacidad de decisión y es la organización a la que el gobierno deberíahaber consultado y solicitado su consentimiento para la construcción de la carretera en cuestión o cualquier otro megaproyecto.Las discrepancias internas deberían haber sido encaradas por los dirigentes indígenas en el marco de un proceso de consulta de buena fe que el gobierno no inició ni promovió durante estos meses de conflicto.

La actuación del gobierno está plagada de innumerables transgresiones a los derechos indígenas protegidos por la Constitución y las leyes vigentes y no ha dudado en adoptar actitudes de injerencia directa sobre las organizaciones indígenas. Curiosamente exigió la presencia de medios de comunicación y organizaciones de apoyo a los derechos indígenas en la marcha del CONISUR, cuando el propio gobierno no envió ni una reducida comisión de ministros para negociar y detener la caminata.

Una consecuencia de mediano y largo plazo de los desaciertos y del interés gubernamental por construir la carretera por medio del TIPNIS es el peligro de que los territorios indígenas titulados como TCO, especialmente de las tierras bajas, se conviertan en territorios de nadie, con indígenas divididos y enfrentados entre sí. Corre el riesgo de convertirse en tierras disputadas al margen de la ley y en medio delaanarquíapor depredadores del bosque, productores de coca, narcotraficantes, vendedores ilegales de tierras, entre otros. Los títulos de propiedad colectiva deben resguardar los derechos de una población indígena específica, identificable y diferenciada de otras colectividades. Pero, cuando alguna mano invisible está ahondando la división entre la Subcentral y el CONISUR, engrosado este último con comunidades de colonizadores, en los hechos está anulando la vigenciade los títulos ejecutoriales de tierras, convirtiéndolos en meros papeles sin beneficiarios que exijan su validez legal. El gobierno se propuso para sí un enunciado: “divide el TIPNIS y reinarás”.

Una pregunta central aún espera la respuesta oficial. ¿El gobierno anulará la ley 180 de protección del TIPNIS a petición de una facción de indígenas aliada y que convive con los cocaleros del trópico?

Puesto en línea por AlaiNet, América Latina en Movimiento 

 

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