GUATEMALA: Ríos Montt procesado por genocidio

por Mario Sosa, Coordinador de Comunicación y Propaganda del Frente Popular, Guatemala.

Puesto en línea por AlaiNet, America Latina en Movimiento el 27/01/2012

El día de ayer, 26 de enero de 2012, se realizó un acto histórico en Guatemala: el inicio de un proceso judicial por genocidio en contra del dictador, general en retiro y político de derecha, José Efraín Ríos Montt.

Más de 100 masacres, 1771 muertes (de mujeres, hombres, ancianos y niños), 1485 mujeres menores de edad violadas y el desplazamiento forzoso de cerca de 30 mil ciudadanos, son algunas de los crímenes por los cuales se acusa al general de la tierra arrasada. A estas cifras se agrega el trabajo al que fueron obligados miles de civiles, la organización forzosa de los ciudadanos en las llamadas “Patrullas de Autodefensa Civil” y en las aldeas modelos (una especie de campos de concentración), así como la conformación de los Tribunales de Fuero Especial a través de los cuales y utilizando jueces sin rostro, fueron fusilados militantes y supuestos integrantes de las fuerzas revolucionarias. Todos, hechos de terror, destructores del tejido social y de las condiciones de reproducción social de los pueblos que conforman la nación guatemalteca.  Todos hechos que son parte, parafraseando a Eduardo Galeano, de las venas abiertas y las heridas del pueblo guatemalteco.

Ríos Montt se hizo jefe de Estado luego de disolver la Junta Militar que había accedido al poder político producto de un golpe de Estado en contra del también militar genocida, Fernando Romeo Lucas García. En su calidad de jefe de Estado y parte del alto mando del ejército guatemalteco, planificó, dirigió, controló y coordinó la implementación de los planes: “Plan de Campaña Victoria 82”, “Plan de Operaciones Sofía”, “Operaciones Ixil” y “Plan Firmeza 83”. Más allá del combate militar a la guerrilla, estos planes implicaron actos que persiguieron “quitarle el agua al pez”, es decir, aniquilar la supuesta base social de la insurgencia, con el agravante de la aplicación de criterios como: “todos los ixiles son guerrilleros”. Tales planes y las contundentes evidencias demuestran las implicaciones de la estructura castrense y, a través de establecer el carácter de la cadena de mando, las responsabilidades de la jefatura del Estado ejercida por  Ríos Montt en los hechos que por los cuales se le acusa.

En la primera deliberación judicial por este caso, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas documentales, peritajes, declaraciones y argumentos para tipificar y cimentar la acusación por delitos de lesa humanidad  y las responsabilidades ideológicas, políticas y militares directas que implican a uno de los principales responsables del genocidio y etnocidio ocurridos en Guatemala.

Ante la contundencia de las evidencias, el general genocida prefirió guardar silencio, mientras su defensa fue incapaz de articular, con fundamentos y pruebas, su petición para que no fuera ligado a proceso.

Después de las argumentaciones de las partes procesales en la audiencia, la jueza Carol Patricia Flores concluyó que existen indicios de acciones delictivas del general en retiro, y lo ligó a proceso por caso de genocidio e incumplimiento de deberes contra la humanidad, dictándole caución económica y medida de arresto domiciliario.  Con esta decisión, se abre paso para que un juzgado de crímenes de alto impacto, proceda al desarrollo de un juicio y determine la culpabilidad del acusado.

Empieza a dar fruto, asimismo, la querella interpuesta en el 2001 por víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un hecho que acontece, además, después que dicho personaje perdiera la inmunidad que, como diputado al Congreso de la República, le había permitido evadir la justicia, con la complicidad de estructuras políticas, militares y asociaciones de ex militares que se han dedicado a obstaculizar este y otros procesos que se siguen en contra de hechores materiales e intelectuales de actos terroristas y represivos ejecutados desde fuera y desde dentro de aparatos del Estado guatemalteco.

Esta decisión judicial es sin duda un aliciente esperanzador para las miles de víctimas que exigen justicia. Pero como todo en este país donde siguen intactas las estructuras de poder económico, político y militar vinculadas al terrorismo de Estado, la condena a Ríos Montt será un resultado producto de la lucha contra quienes desde dentro y fuera del Estado no descansarán por tratar de desvirtuar, obstaculizar y combatir el proceso y a las víctimas.  Esto no obstante que desde la legalidad actualmente existente en el país y las normas internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad, se abre la posibilidad para una condena ejemplar, que genere condiciones para que estos hechos no se repitan y para que la impunidad vaya cediendo a la justicia y la reparación.

En casos de genocidio como estos, que con tales resoluciones judiciales adquieren legalidad y legitimidad para perseguir a los responsables, es necesario recordar y no olvidar la cauda de 250 mil víctimas, 45 mil desaparecidos y 1 millón de desplazados, que son consecuencia no sólo de la política decidida e implementada por las elites económicas, políticas y militares a través del Estado guatemalteco y de organismos paramilitares, sino también de la imposición, dirección, financiamiento y asesoría del Estado estadounidense, el cual, inspirado en su Doctrina de Seguridad Nacional, tiño de sangre a Guatemala y a toda Nuestra América desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Memoria, verdad y justicia en el proceso contra el general genocida.

AMERICA LATINA: Programa Ibermedia e Industria cinematográfica

por Bruno Peron Loureiro, Publicación Barómetro  23-01-12

traducción del portugués por Miguel Guaglianone

¿Cuál es el desafío a la avalancha del cine estadounidense que puede establecer la producción fílmica latinoamericana: resistir la influencia masacradora del “mainstream” de los estudios de Hollywood, que controlan las instancias de producción y distribución de películas hasta que ellas llegan a las salas de exhibición, o elaborar estrategias que mejoren la competitividad de la cinematografía de nuestra región, buscando su inserción en el circuito internacional?

Es en este contexto de enfrentamiento industrial en el sector cultural que surgió el Programa Ibermedia, que incentiva la coproducción de filmes entre países ibéricos (España y Portugal) y latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) para cine y televisión mediante préstamos para la realización de proyectos y la creación de un “espacio audiovisual ibero-americano”.

De este modo, las pretensiones de este Programa multilateral trascienden el nivel de “cooperación” que acostumbra a caracterizar la mayoría de los acuerdos internacionales, al sugerir la “coproducción”. Se supone que el compromiso de las partes es mayor cuando desarrollan proyectos en asociación que el mero intercambio de experiencias u otras palabras.

El Programa Ibermedia resulta de las decisiones dela CumbreIbero-americanade Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Margarita, Venezuela en noviembre de 1997, aunque la propuesta ya había sido presentada ala Cumbreen 1995 en Bariloche, Argentina. El programa se vincula a la categoría de “política audiovisual” dela Conferenciade Autoridades Cinematográficas Ibero-americanas (CACI). El “Comité Intergubernamental” del Programa, que reúne especialistas en el área de cine, sustenta cuatro líneas de acción: 1) Apoyo a la coproducción de filmes ibero-americanos. 2) Apoyo a la distribución y acceso a mercados de los mismos. 3) Desarrollo de proyectos de cine y televisión ibero-americanos. 4) Apoyo a la formación de profesionales para la industria audiovisual ibero-americana*

Se publican dos avisos anuales para el financiamiento de proyectos vía Programa Ibermedia, cuyo incentivo financiero proviene mayoritariamente de las contribuciones de los Estados miembros y de la asociación con agencias, consejos e instituciones que administran lo audiovisual en cada país integrante. El Brasil por ejemplo dispone dela AgenciaNacionalde Cine (ANCINE) yla Secretaríade Audiovisual del Ministerio de Cultura.

Más allá de la transferencia de énfasis de “cooperación” a “coproducción” el Programa Ibermedia también posee políticas para las etapas de distribución y recepción de filmes, como consta en una de sus cuatro líneas de acción. La preocupación por la totalidad del proceso (producción, distribución y recepción) se debe a la insuficiencia que significa el invertir apenas en la creación y realización de cinematografía latinoamericana, se no existen estrategias para hacerla circular y mostrarla.

Vale mencionar que el cine de mayor difusión de nuestra época, el de Estados Unidos, está controlado por las leyes del mercado, mientras que son las políticas de Estado y los incentivos fiscales los que impulsan al de América Latina para que sobreviva. Aunque hayan sido las más promisorias, las industrias cinematográficas de Argentina, Brasil y México tienden a resistir la hegemonía estadounidense como si la producción latinoamericana estuviera en una posición subalterna, en lugar de rever las estrategias de inserción en los circuitos mundiales que permitirán su éxito.

El Programa Ibermedia y las instituciones envueltas en él revigorizan las políticas culturales y darán la oportunidad para que América Latina desarrolle su industria cinematográfica en la plenitud de sus etapas y supere el arduo momento de la lucha por la supervivencia.

GUATEMALA: Ser madre sin morir en el intento

por Ileana Alamilla,  periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA

Puesto en línea por AlaiNet, America Latina en Movimiento el 24/01/2012

En esta época de comparación y constatación de datos, cifras, inventarios de recursos y auditorías anunciadas, es imprescindible hacer el recuento de daños que la injusta estructura económico social, la desatención, la falta de políticas públicas adecuadas, el regateo de recursos y determinadas inhumanas prácticas sociales ha provocado en la vida de las mujeres.

A pesar de que el gobierno anterior aseguró que durante su mandato se disminuyeron las muertes maternas, el procurador de los Derechos Humanos reveló que en ese período murieron 40 mil mujeres por problemas antes, durante o después del parto. Tenemos el tercer lugar en Latinoamérica con la mayor incidencia de decesos materno-neonatales; cifras oficiales señalan que por cada cien mil mujeres mueren 139.7 por causas de natalidad.

A finales de diciembre, la Segeplan y el Minsap dieron a conocer el Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2007, en el que se reconoce la mínima disminución de los niveles de muertes ocasionadas por problemas en el embarazo, parto y posparto. Con razón, Sergio Morales, quien ha presentado un amparo ante la CC por incumplimientos del Ministerio de Salud, ha dicho que si se mantienen los números que se registran en la actualidad, este flagelo se podría erradicar en los próximos cien años, después de que mueran 400 millones de mujeres.

Y, como siempre, son las indígenas, rurales y pobres, las más afectadas por esta injusticia que obedece a causas que son prevenibles. Es en el altiplano, donde se concentra el mayor número de decesos, más del doble del que ocurre entre la población no indígena. El 41.4% ha fallecido en sus propias casas y el 5.8% en tránsito, es decir, ni siquiera tuvieron oportunidad de atención institucional y, sabiendo que los registros han sido deficientes, ¿de qué tamaño será en realidad el drama de las mujeres víctimas y de sus familias?

La mortalidad materna es considerada un problema de salud pública. En Guatemala tenemos un marco legal que declara la salud como un bien público y es el Estado el responsable directo de velar por la misma, sin discriminación. En cumplimiento de ello se han asumido compromisos internacionales, entre ellos el de los Objetivos del Milenio, que fijan una reducción de este flagelo en tres cuartas partes antes del año 2015.

Si esto no fuera suficientemente alarmante, hay otro dato terrible: se están reportando muertes maternas de niñas entre 10 y 14 años. Solo en Huehuetenango, el año pasado, 729 niñitas comprendidas en esas edades resultaron embarazadas, siendo este un problema de dimensiones escalofriantes que impacta directamente en sus vidas, con riesgo para las mismas, para su salud y para su futuro. No es normal ni natural que esas pequeñitas tengan que asumir papeles que no corresponden a su desarrollo físico, mental y emocional, aunque “así sea la costumbre”. Además, esa situación lleva implícito un delito, pues una menor no puede discernir libremente, por lo que hay delincuentes implicados.

Segeplan, el Ministerio de Salud Pública, los centros de Salud y demás prestadores de servicios, tienen la posibilidad de erradicar esta aberración, teniendo para ello importantes aliados, como los observatorios de salud sexual y reproductiva, las redes y alianzas nacionales de mujeres indígenas por la nutrición y la educación y las redes de hombres que han hecho gran trabajo y aportes.

Urge que la institucionalidad respectiva lo priorice. Son vidas perdidas o truncadas, además de que es un asunto de derechos humanos.

Guatemala, 23 de enero de 2012

VENEZUELA-EEUU: Contradicciones

por Miguel Ángel del Pozo -  Publicación Barómetro  23-01-12

Insólito!…pero cierto; si realizamos una retrospección de la Historia de las relaciones diplomáticas de Venezuela y los Estados Unidos de América podríamos concluir que fueron unas relaciones con las que Washington consideraba a Venezuela como una “semi-colonia”. Decimos y las calificamos como de relaciones de semi-colonia porque aún y cuando estaba presente el Poder Ejecutivo en Venezuela, éste estaba supeditado a los intereses objetivos de la calificación “Imperio-imperialismo” en las exigentes realidades estadounidenses del Poder (Müller Rojas) y sus objetivos geopolíticos y geoestratégicos, conceptualmente, encuadrados en las tesis de “patio trasero” adoptadas durante el siglo XIX como paso previo y necesario en su despertar como Imperio frente a las realidades que se expresaban en los estados-nación europeos en “sangre azul”.

En las reuniones de la Internacional, Lenin y Roy, sostuvieron discusiones sobre el carácter de la revolución en las colonias pero fue Mao Zedong quien introdujo el concepto de “semi-colonia” como realidad fundamental en cuanto a las tesis a desarrollar para llevar a cabo la revolución china cuasi inmediatamente después de la política putchista (agosto-noviembre, 1927) y de la derrota de la “Comuna de Cantón” (11-14, diciembre, 1927) como hechos históricos finale de las políticas impuestas por Stalin al Frente Unido Nacional conformado por los partidos Guomindang y Partido Comunista Chino.

¿Qué significaba ese novedoso concepto de “semi-colonia”, concretamente, en el “caso China”? Consideramos que para demostrarlo debemos aceptar los contenidos de los Tratados, Acuerdos y Convenciones impuestos por las “14 Potencias” al Imperio Manchú desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, incluyendo la “Rebelión de los Boxers”, el “Bloqueo del puerto de Tianjin” y las costas impuestas por “costos y perjuicios” ocasionados durante la rebelión arriba referida. Nos explicamos.

Con la aceptación del emperador manchú de la derrota de las tropas imperiales chinas acantonadas en Cantón por la conjunción de la Armadabritánica y los exportadores-importadores escoceses de opio, te, sedas, cerámicas y otros bienes de consumo, Beijing se vio obligado a firmar el “Tratado de Nanjing” (29, agosto, 1842) cuyo contenido exigía al Imperio Manchú a “abrir cinco puertos” (Cantón, Amoy, Foochow, Ningbo y Shanghai) al comercio británico y entregar a perpetuidad la isla de Hongkong. Al imponer, en el marco de la legalidad internacional vigente, sus condiciones, los británicos desarrollaron los contenidos en el articulado del tratado referido pero no buscando constituir un gobierno colonial como se imponía en una colonia conquistada (caso: India) y sometida “por la gracia de Dios y la pólvora de los cañones” sino las estructuras jurídico-económicas que le permitían desarrollar, a los imperios involucrados, en espacios geográficos definidos, las condiciones estructurales y super-estructurales que el sistema capitalista, en pleno desarrollo europeo-manchesteriano en su fase primaria imperialista, les imponía; es decir, se fueron conformando espacios geográficos-citadinos donde las leyes impuestas se sustentaban en el marco jurídico internacional europeo, en todas sus dimensiones, ubicándose “por encima” del sistema jurídico chino que regía en el Imperio manchú en todo el territorio de China exceptuando esos espacios acotados referidos. Nos volvemos a explicar.

El desarrollo del Tratado de Nanjing y el Tratado de Tianjin (junio, 1858) permitió la consolidación de los espacios geográficos-citadinos como, por ejemplo, las zonas “Internacional” y la “Concesión Francesa”, en la ciudad de Shanghai, donde las estructuras y super-estructuras que regían en las mismas se sustentaban tanto en el modelo económico capitalista como el sistema jurídico impuestos por los imperialismos de las “14 Potencias”; es decir, en la realidad china de Shanghai con su realidades jurídicas, economía, sociología, sus diversas manifestaciones políticas autóctonas y aprendidas chinas, estaban presentes espacios urbanos cerrados ajeno a las autoridades y al marco jurídico chinos. Este modelo se repetía en ciudades como Tianjin, Beijing, por nombrar. Ello significaba que enla China manchú y, posteriormente, enla China republicana convivían dos realidades: la dela China milenaria, la auténtica, y la dela China subyugada por los intereses jurídico-económicos de los imperialismos de las “14 Potencias”. Aquella objetiva dualidad fue la que obligó a Mao Zedong considerar que la realidad china de principios del siglo XX no eran los paradigmas que definían a una colonia en su concepto tradicional sin negar la colonización de espacios geográfico-citadinos concretos donde aquellos imperialismos imponían las y sus reglas de juego, generales y particulares, según cada expresión imperial, obligados por el propio sistema capitalista en expansión permanente imperialista (Vladimir Ilich Lenin: “Imperialismo, fase superior del capitalismo”).

En base a lo expresado más arriba, nos permite retornar “a casa”. Con el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela, se desarrollaron los “campos petroleros”, “cotos americanizados”, por usar una frase popular, donde regían las condiciones impuestas según los intereses imperialistas no solo en lo económico de las compañías petroleras sino las necesidades y objetivas realidades internacionales que se imponían desde Washington y Londres con peaje en Ámsterdam. A medida que se desarrollaba la Historia contemporánea venezolana, particularmente, durante lo que podríamos calificar como la 2da. etapa de la 4ta. República, por las objetivas razones del desarrollo de la economía en dependencia de la renta petrolera y las realidades objetivas de las reservas de crudo a nivel mundial, Washington fue imponiendo unos paradigmas ejecutivo-gerenciales en la estatal venezolana –PDVSA- con la finalidad, en base a la realidad objetiva y la necesidad del Estado venezolano de “los centavitos” provenientes de la “renta petrolera”, imponer un “poder dentro del Estado”, aunque quizás sería de mayor precisión definirlo como un “Poder (con mayúscula) dentro del poder (con minúscula)”; es decir, Washington, conjuntamente con Londres y Ámsterdam, fue imponiendo con energía sus paradigmas jurídico-económico-imperialistas en “espacio definidos” ajenos e imposible de controlar por el Estado venezolano sino sobre la base de los intereses reales el Imperio.

En ese orden, sin necesidad de calificar las realidades impuestas desde Washington al Estado y Gobierno venezolanos, cualesquiera fuera el “color político” que estuviera ocupando “la silla en Miraflores”, de “realidades coloniales” (stricto sensu) si debemos aceptar el carácter jurídico-económico “semi-colonial” de Venezuela y el carácter colonial de la conciencia de los sectores de la burguesía, clases medias y los sectores políticos pro-capitalista y contra-nacionales.

Queda a la discusión.

VENEZUELA: Importancia de la Faja Petrolíferadel Orinoco

Por Lic. Aidiana Martínez - Publicación Barómetro  23-01-12

La Faja Petrolífera del Orinoco considerada como el mayor deposito de crudo del mundo, con un área geográfica de 55 mil314 kilómetroscuadrados ubicada a orillas del río Orinoco y enmarcada entre los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas, constituye para Venezuela y el mundo la principal fuente de producción de hidrocarburos contando nuestro país con unas reservas probadas que pueden llegar a 400 años.  Gobiernos anteriores en su afán de lucrar los bolsillos de los funcionarios de turno y de practicar una política complaciente para favorecer a países como Estados Unidos sin tomar en cuenta el desarrollo y las necesidades del pueblo venezolano, por años mantuvieron la tesis de que nuestra faja estaba compuesta por bitumen, recortando la producción petrolera llevando a la nación a un caos inminente, entonces pasamos de tener una faja con carbón liquido a ser la faja petrolífera mas grande del mundo.

En el primer Aló Presidente del año 2012, el Presidente Chávez manifestó que nuestro país,  tras la certificación de las reservas petroleras esta en capacidad de producir  10 millones de barriles de petróleo diarios contando actualmente con una producción de tres millones esperando incrementar este año a 3,5 millones, 1 millón 500 mil dela Faja Petrolíferadel Orinoco.

En mayo del año 2007 el Gobierno Nacional afianzando nuestra soberanía petrolera, tomo el control dela Faja y de los Convenios de Asociación de Ganancias Compartidas y Exploración de Riesgos, abriéndonos al sistema multipolar, aprovechando racionalmente los recursos en función del bienestar de los pueblos impulsando la cooperación Sur – Sur, rubricando acuerdos con países hermanos en busca de la solidaridad e integración entre las naciones con un fin mas allá del mercado.  La importancia geoestratégica de la faja petrolífera del Orinoco quedó de manifiesto durante el viaje realizado por Hugo Chávez a Europa en julio de 2008, en el que logró varios acuerdos comerciales con Rusia, Bielorrusia, Portugal y España para su prospección y futuras exploraciones, de manos de la estatal PDVSA, para así garantizar una fuente constante de divisas Venezuela, y una notable independencia en materia de energéticos para nuestra  nación. Para el año 2010, como un hecho que marco pauta en la historia petrolera venezolana, dos gigantes petroleros (Venezuela y Rusia), firmaron importantes acuerdos para explorar el bloque Junín 6 , siendo las reservas calculadas de esta zona en unos 52,7 millones de barriles  de petróleo, además de abrir nuestro mercado hacia África, Medio Oriente Europa y Asia.

Es importante destacar que la zona también es rica en gas, exhortando el presidente Chávez en su visión futurista a los funcionarios de PDVSA a buscar las tecnologías necesarias para explorar este combustibles y así sumarlo al sistema de electricidad de la nación, ya esta empresa petrolera detallo que existen cerca de  11,33 billones de metros cúbicos esperando su certificación para poder someterlo a estándares internacionales. Lo que resalta es la política de siembra petrolera implementada por el Estado venezolano, convirtiendo este recurso en instrumento del desarrollo integral y humano a través de la distribución equitativa de la riqueza, teniendo como resultado la disminución de la pobreza  dando la “mayor suma de felicidad posible al pueblo”, convirtiéndose la Faja Petrolíferaen la vía segura para consolidar el socialismo permitiendo suprimir las desigualdades sociales.